De la REDACCIÓN

 

 

 

 

Oaxaca, México.-  La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Rosario Villalobos calificó de grave retroceso, la aprobación hecha por el Congreso local al Artículo 12  constitucional al considerar que se vulneran los derechos de las mujeres en aras de privilegiar posturas conservadoras y religiosas de los y las legisladoras  que antepusieron para resolver un problema de salud pública,

 

 

 

A continuación la el posicionamiento de la funcionaria

 

 

 

 

 La reforma al Artículo 12 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, aprobada el pasado 9 de septiembre por una mayoría en el Congreso local, representa un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

 

Ante el embate de los grupos más conservadores, nuestro país está viviendo una campaña contra el derecho al aborto, velada, pero más intensa –incluso- que en la década de los setenta, utilizando argumentos a favor de la vida que han sido superados.

 

Lejos de representar un avance, la reforma aprobada en Oaxaca echa por tierra los avances legislativos alcanzados para la protección de los derechos humanos de las mujeres que equilibraba las diferentes posturas en torno al tema del aborto.

 

De nuevo las mujeres de nuestro estado, y de nuestro país, deberemos soportar un debate que creíamos superado hace casi tres décadas, porque las Iglesias --particularmente la Católica--, no renuncian a imponer a los Estados ideas que se contraponen con la realidad social. Un gobierno laico que tutela el derecho al aborto está protegiendo la vida pero legisla para regular de la mejor manera posible un problema de salud pública, y lo hace para toda la sociedad, con independencia de las ideas y la ética individual de cada uno.

 

Al margen de los credos religiosos, quienes legislan están obligados a consolidar los derechos que permitan a las mujeres tomar decisiones amparadas en leyes adaptadas al tiempo que vivimos y a nuestra realidad social.

 

Está demostrado que el aborto no se incrementa con su legalización. Su incremento o descenso depende de la eficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva. Los países donde se presentan las tasas más bajas de abortos son aquellos con políticas de acceso a una educación sexual y la disponibilidad de métodos anticonceptivos.

 

En nuestro país, un tercio de las mujeres que abortan en sitios con malas condiciones de higiene presentan complicaciones. La mayoría de quienes recurren a abortos inseguros son mujeres pobres. Quienes mueren, son mujeres sin acceso a sistemas de salud.

 

Democracia es sinónimo de laicismo. La cuestión del aborto es un asunto complejo que no se ha discutido de forma transparente y de cara a la sociedad, con argumentos y razones, sino con prejuicios, creencias morales y religiosas, dogmas y emociones.

 

Ante el grave retroceso de la reforma aprobada, el aborto inseguro seguirá siendo una causa adicional que agrava la desigualdad social y seguirá constituyendo una causa de muerte o de deterioro de la salud de miles de mujeres que lo practican.

 

El aborto seguro es una cuestión de derechos fundamentales, de Derechos Humanos de las mujeres como tales; por tanto se requiere contar con el respaldo de la ley dentro de los marcos establecidos por nuestra Carta Magna y por los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

 

Para muchas mujeres, las trabas, los silencios y las dobles morales en torno al aborto son razones fundamentales para vindicar la condición de las mujeres y para manifestarse en diferentes espacios y ante las más altas tribunas. Los representantes populares, más que nadie, están obligados a respetar este derecho, por tanto, me sumo a la condena por las agresiones físicas y verbales que sufrimos las compañeras que nos manifestamos en días pasados en el Congreso local, por parte del personal de seguridad y de los diputados.

 

La defensa de los Derechos Humanos de las mujeres es una lucha que debemos continuar desde las diferentes trincheras, agotando los recursos internos al alcance. Depositamos nuestra confianza en las diferentes instituciones del Estado (integrantes del Congreso local, el Procurador General de la República, y las Comisiones Nacional y para la Defensa de los Derechos Humanos del estado) a fin de derogar esta reforma a todas luces inconstitucional, esperamos su compromiso para saldar la deuda histórica con las mujeres al defender y proteger nuestros derechos humanos.

 

 

Atentamente

C. Rosario Villalobos Rueda.

Subsecretaria de Derechos Humanos