UNAM/Ciencias Políticas

Oaxaca, México.- La seguridad pública es un derecho ciudadano, pero también una responsabilidad del Estado y, en ese sentido, no es una obligación exclusiva del ámbito Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial, destacó Manuel Quijano Torres, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Al participar en el panel Perspectiva General de la seguridad pública en México, aseguró que la desigualdad, la falta de oportunidades y de educación, el desempleo y los bajos salarios, son algunas de las causas de la inseguridad.

En el auditorio Ricardo Flores Magón de esa entidad universitaria, cuestionó por qué los mexicanos desean vivir en paz, sin miedos.

[caption id="attachment_28742" align="alignright" width="300" caption="El narcotráfico, factor grave de inseguridad en México"][/caption]

Por su parte, Ricardo Uvalle Berrones, también de la FCPyS, recalcó que la seguridad pública es un problema de carácter transversal, porque toca a la sociedad, la economía, los individuos, las familias, los negocios; en suma, el modo de vida que se construye en un país, en los tres órdenes de gobierno y en las diversas esferas sociales.

 

 

En ese sentido, consideró, lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la autoridad no garantice condiciones fundamentales de vida.

En un ambiente de incertidumbre, las actividades cotidianas se modifican de modo desfavorable y, por ello, todos los problemas públicos se interrelacionan y cubren modos, expectativas y prácticas de vida, lo que incluye a las economías y demandas sociales, que requieren de un entorno seguro, recalcó.

A su vez, Javier Oliva Posada, académico de la misma Facultad, señaló que cuando los programas de seguridad pública son materia de análisis y debate de las fracciones parlamentarias y desplazan temas como el presupuesto para la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, algo está mal en las responsabilidades del Estado.

Asimismo, concluyó, esta problemática también pone de manifiesto la fragmentación y desarticulación de otras áreas como las irregularidades en el diseño del sistema penal, y ese es el caso de la impartición de justicia en México.