Oscar VALDIVIESO   Oaxaca, México.-  Organismo civiles denunciaron que a 28 años de que México adoptó Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), estos son transgredidos en México, principalmente por proyectos impuestos en comunidades indígenas.   A continuación la reflexión hecha por las organizaciones firmantes de desplegado   A la ciudadanía   [caption id="attachment_37514" align="alignleft" width="300" caption="Son omitidos los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos"][/caption] El 16 de diciembre se cumplieron 43 años de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptara el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece las obligaciones de los Estados Parte sobre los derechos humanos a la libre determinación, al trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la libertad sindical y la huelga, a la seguridad social, a la protección y asistencia a la familia, al nivel de vida adecuado, a la vivienda, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, al medio ambiente sano y los derechos culturales. Hace 28 años que este importante instrumento internacional de derechos humanos entró en vigor en México. Sin embargo, a lo largo y ancho de nuestro país se viven situaciones que entrañan violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de la población, consagrados en el PIDESC. Es por esto que en esta fecha conmemorativa, diversas organizaciones civiles y sociales alzamos la voz para denunciar algunas de estas situaciones y demandar al Estado mexicano acciones contundentes y expeditas en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y realizar estos derechos.   Entre las situaciones de mayor preocupación destacamos las siguientes:   -El hostigamiento y la represión por parte de actores estatales y no estatales (nacionales y trasnacionales) hacia líderes sociales de organizaciones y movimientos que defienden sus derechos a la tierra, a la alimentación, al agua, a la salud, al trabajo, al medio ambiente sano, entre otros. Entre los casos más recientes, se encuentra el asesinato del Sr. Mariano Abarca, opositor a las actividades de la minera canadiense Blackfire en el estado de Chiapas, quien ya había denunciado presiones y amenazas de muerte de parte de la empresa.    -La falta de información y consulta sobre el proyecto de la Presa El Zapotillo sobre el Río Verde en Jalisco, impulsado por la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Agua de Jalisco y los estados de Jalisco y Guanajuato; un proyecto consistente en un trasvase de cuenca para abastecimiento de agua a la industria de León y una cortina de 105 metros que implicará la inundación de tres pueblos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y la afectación directa de 700 personas e indirecta de 3000 más. Las autoridades están imponiendo el proyecto y se niegan a considerar alternativas.   -En la misma cuenca se pretendía construir la Presa de Arcediano para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara proveniente del Río Santiago, considerado entre los más contaminados por desechos industriales. Si bien Arcediano se cancela recientemente por falta de presupuesto, las autoridades no asumen su responsabilidad y se niegan a reparar los daños ya causados en materia de DESCA y otros derechos humanos.   -También preocupa la falta de información oportuna y de consulta adecuada a la población sobre los proyectos estratégicos contemplados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (PDDH), no obstante el gran impacto social y ambiental que tendrán en el Distrito Federal, especialmente los proyectos como el Centro Integral de Reciclaje y Energía (CIRE), la línea 12 del metro, y la urbanización que le seguirá, comprometiendo aún más la sustentabilidad de la ciudad.   -La falta de cumplimiento por parte del gobierno federal y del estado de Sinaloa para reubicar e indemnizar adecuadamente a las familias de comuneros de los pueblos  afectados por la construcción de la presa Picachos ubicada al sur de Mazatlán , Sinaloa. A mediados de este año, policías estatales y federales desalojaron con violencia a 850 familias residentes de seis comunidades (Iguanas, San Marcos, Casas Viejas, El Placer, la Puerta de San Marcos y los Copales) aledañas a la Presa Picachos, que mantenían un plantón para evitar el inicio de operación del embalse y que consideran a la presa sinónimo de fraude y represión.   -La gran cantidad de casos de desalojos y desplazamientos que se han verificado en el país por proyectos de supuesto desarrollo. Siendo que el gobierno federal se propuso ampliar el gasto público en infraestructura a partir del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), es fundamental asegurar que toda inversión en infraestructura, sobretodo tratándose de megaproyectos, debe hacerse sobre la base de estudios de impacto ambiental y social, e información suficiente y oportuna así como consulta adecuada a las comunidades que podrían verse afectadas.   -Alarma también la impunidad en casos de conflictos de tierras como el del violento desalojo sufrido por los habitantes de San Antonio Ebulá, Campeche, en agosto de este año, cometido por un urbanizador privado, el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien mediante guardias privados protegidos por la policía del estado, desalojó violentamente a los pobladores de sus tierras y destruyó sus viviendas, situación que los ha mantenido en situación de desplazados.   -La pobreza que aumenta tanto en zonas urbanas como rurales, y en ese contexto, las enfermedades de la pobreza que se agudizan por la falta de atención médica y medicamentos, la ineficacia de los programas y la desviación de recursos. Por ejemplo, el caso de personas indígenas enfermas de tuberculosis en la Zona de los Altos de Chiapas, cuya situación de salud ha empeorado ante la falta de atención médica, lo que ha llevado a organizaciones defensoras de los derechos humanos a solicitar desde el año pasado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a que recientemente se promoviera un exhorto de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas para que realice una auditoría al programa estatal de tuberculosis.   -Los graves impactos de la crisis en el ámbito laboral que implican no sólo la pérdida sino la precarización del trabajo y la restricción del radio de acción de los sindicatos; destaca sobre todo el decreto emitido por el Ejecutivo Federal para liquidar a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, lo que llevó al desempleo a 46 mil trabajadores, comprometiendo sus derechos económicos y sociales. La supuesta ineficiencia fue el argumento para ocultar la ofensiva antisindical violatoria de los derechos humanos a la legalidad, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, y a la democracia.   -La falta de armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales de derechos humanos en temas fundamentales como los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, el acceso a la justicia en materia de DESCA, la constitucionalización del derecho humano al agua y del derecho a la alimentación, entre otros. Desde hace muchos años, organizaciones civiles y sociales venimos demandando al Congreso que eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación, pero las iniciativas se han congelado.   -Por último, también preocupa en este contexto la dilación del gobierno federal en firmar el Protocolo Facultativo del PIDESC, adoptado hace un año por la Asamblea General de Naciones Unidas y abierto a firmas y ratificaciones desde el pasado 24 de septiembre.  Después de varios años de discurso progresista del gobierno mexicano en favor del Protocolo, se esperaba que fuera de los primeros países en firmar y ratificar este importante instrumento que permitirá denunciar a nivel internacional violaciones a los derechos consagrados en el PIDESC.   Concluimos afirmando junto con el PIDESC que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”, y subrayamos que es imperativo que el Estado mexicano, a través de sus instituciones y autoridades de los órdenes ejecutivo, legislativo y judicial, y los ámbitos federal, estatal, municipal y delegacional, cumpla con sus obligaciones de adoptar de manera constante, expedita y eficaz, las medidas necesarias para realizar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.   Firman   Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo Colectivo COA Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Comuneros opositores a la Presa Picachos Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC DECA Equipo Pueblo Defensoría del Derecho a la Salud Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC (Espacio DESC) – capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) FIAN Sección México Frente de Pueblos del Anáhuac Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Jóvenes en Resistencia Alternativa Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat Radar-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho   Contacto: Areli Sandoval Terán <espaciodesc@yahoo.com.mx>, tel. 55 39 00 55