Por  Emiliano PARRA

 

Oaxaca, México.- Amnistía Internacional (AI) instó hoy al Congreso de Estados Unidos a honrar su compromiso de retener el 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones de derechos humanos, entre ellos el caso del camarógrafo Brad Will, asesinado durante el conflicto social del 2006 en Oaxaca.

 

La organización dijo que el gobierno mexicano no ha logrado un progreso suficiente en la investigación y procesamiento de los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.

 

Recordó que la Cámara de Representantes, solicitó a través de la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, información sobre el homicidio de Brad Will el 27 de octubre de 2006, sin que hasta el momento su caso aún no haya sido aclarado de manera satisfactoria. 

AI señala que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) condujo al arresto de un hombre en octubre de 2008. Sin embargo, la evidencia sobre la que se basa la indagatoria ha sido desacreditada por los estudios forenses realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización civil, Médicos por los Derechos Humanos. “Al dar dinero y equipo al ejército mexicano sin controles adecuados sobre su uso se corre el riesgo de contribuir a que aumenten los abusos de derechos humanos,” dijo Susan Lee, Directora de las Américas de Amnistía Internacional.

 

 “La asistencia debería enfocarse en prevenir abusos, mejorar las investigaciones y aplicar la justicia.”  Agregó.

El llamado de congelar fondos,  ocurre cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos debe entregar un reporte al Congreso sobre el cumplimiento de México de los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida para una decisión final sobre la cantidad de fondos a transferir. 

 

Desde 2006,  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 2 mil 200 denuncias de abusos de derechos humanos – incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura – presuntamente cometidos por el ejército mexicano.

 

Sólo en 2008 se reportaron 1 mil 230 casos, lo que representa un aumento de más del 600% desde 2006. Como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias, se cree que el número real de casos es aún mayor.  

Los casos incluyen el de Saúl Becerra, cuyo cuerpo se encontró en marzo de 2009. Estaba desaparecido desde que cuatro soldados lo detuvieron el 21 de octubre de 2008 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

En otro caso, se desconoce el paradero de Carlos Guzmán Zúñiga y José Luis Guzmán Zúñiga desde que fueron detenidos por una operación conjunta entre el ejército y la policía en Ciudad Juárez en noviembre de 2008. Las autoridades niegan haberlos detenidos y no están investigando el caso.

De acuerdo con la Secretaría Mexicana de Defensa Nacional, solo 65 miembros del ejército han sido procesados administrativamente y penalmente en la jurisdicción militar en los últimos tres años y no hay información sobre cuántos fueron condenados.

 

Sistemáticamente, estas cortes no han llevado ante la justicia al personal de las fuerzas armadas responsable de violaciones graves a los derechos humanos.

“Claramente, México no está cumpliendo con las condiciones establecidas por el Congreso estadounidense para que proceda la transferencia”, dijo Susan Lee. “No solo no se ha llevado ante la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos, sino que el número de nuevos reportes de abusos está aumentando de manera alarmante." 

Antecedentes 

La Iniciativa Mérida es un programa de cooperación en seguridad y asistencia por medio del cual Estados Unidos provee a México y Centroamérica de equipo, capacitación y apoyo técnico para apoyar las operaciones de cumplimiento de la ley. 

En junio de 2008, el Congreso estadounidense estipuló que el 15% de los fondos que se transferirán a México en el contexto de la Iniciativa Mérida serán sujetos a condiciones de derechos humanos, incluyendo:

 

·        Investigar, procesar y juzgar civilmente las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar y policial;

·         Las confesiones obtenidas bajo tortura y maltrato no pueden ser utilizadas en el sistema judicial;

 

·         La sociedad civil será consultada frecuentemente para que haga recomendaciones sobre el cumplimiento de la Iniciativa Mérida; 

 

·        Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la policía, y establecer un mecanismo independiente para denunciar abusos