Por Lourdes Godínez Leal /Cimac

  Oaxaca, México.- Familiares de las víctimas consideran presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada; la respuesta del procurador de Justicia de Oaxaca fue clara: "No arriesgaría a su gente", para buscar a las dos indígenas.

 

  Las jóvenes indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez cumplen hoy dos años de desaparecidas. Los esfuerzos de sus familiares para que las autoridades investiguen han sido en vano. La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca nunca fue investigada.

 

Ubicada en la zona montañosa conocida como Nudo Mixteco, la región triqui se divide en tres partes: la zona baja, cuya cabecera municipal es San Juan Copala; la media, comprende San Martín Itunyoso, y la alta, con sede en San Andrés Chicahuaxtla. Los pueblos triquis se encuentran en tres municipios: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.

 

 

Las hermanas Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007 de San Juan Copala, en el trayecto que va a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con 20 años, era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, estudiante, tenía 14 años.

 

Versiones de dos testigos ante el Ministerio Público ubican por última vez a las jovencitas en una camioneta sin placas, vendadas y amagadas con pistolas por miembros de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, conocidos “por su alta peligrosidad”.

 

Cinco días después, el 10 de julio, doña Antonia Ramírez Cruz y Emelia Ortiz —madre y prima, respectivamente, de las desparecidas— interpusieron la denuncia por desaparición forzada ante el Ministerio Público, pero éste prefirió consignar la averiguación por “secuestro” (a finales de ese mismo año), dice en entrevista telefónica Yésica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

 

La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a los derechos humanos. Las mujeres indígenas son las que más se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres y por ser indígenas, dijo la activista.

 

 

Aunque el gobierno ha negado la existencia de tal práctica, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos han documentado casos de desaparición forzada; el más representativo es el Rosendo Radilla, que actualmente se encuentra en espera de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

También destacan los casos de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario por cuya causa se constituyó una comisión de mediación integrada por destacadas personalidades de los derechos humanos, la academia y el periodismo.

Violencia institucional

Un mes después de interpuesta la denuncia (10 de agosto), la madre y la prima de las desaparecidas se entrevistaron con el procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para pedirle información sobre las indagatorias.

 

 

La respuesta del funcionario fue clara y sarcástica, según reporta Raquel Sánchez, de la Limeddh: “No arriesgaría a su gente” para buscar a las hermanas Ortiz. “Si quieres, puedes ir a Putla, Juxtlahuaca o a la zona triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si haces eso”, respondió.

 

Las familiares acudieron también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se limitó a “pactar con las autoridades estatales una solución amistosa” cuya trascendencia es nula, expresa Yésica Sánchez.

 

La familia se trasladó, entonces, a la Ciudad de México en enero de 2008 y presentó la queja correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El pasado junio, este organismo —el mismo que en 2007 declaró que la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, violada tumultuariamente por militares, se debió a una gastritis— notificó a la madre de las triquis “que la queja no tenía materia”, basándose, dijo Sánchez Maya, en la “solución” amistosa de la comisión estatal. Es evidente, destaca la activista, el desprecio de la CNDH por las mujeres indígenas.

 

Sin alerta de género

 

En abril de 2008, un grupo de organizaciones civiles de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación decretar la alerta de violencia de género para la zona Triqui, debido al incremento de las violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones de mujeres.

 

 

Durante ese mismo año, diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género se comprometieron con Antonia y Emelia para presentar un punto de acuerdo a fin de que el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, rindiera un informe sobre el caso. Las legisladoras también se pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.

 

 

Sin embargo, a decir de Sánchez Maya, en ese entonces faltaba el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata la Alerta, lo que “sirvió de pretexto” para que las legisladoras se “desafanaran” del asunto.

 

 

Sánchez Maya precisa que la alerta no se ha vuelto a solicitar debido a la presión social que las comunidades ejercieron sobre Antonia y Emelia, con la excusa de que “la zona se militarizaría, de exigir la alerta”.

 

 

La CIDH documenta el caso

 

Durante su visita a Oaxaca en agosto de 2007, Florentín Meléndez, entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conoció de primera mano el caso al entrevistarse con Antonia y Emelia. Ante ellas se comprometió a que lo seguiría de cerca, lo cual ha cumplido, recuerda Sánchez Maya, quien explica que la Limeddh lo ha mantenido informado sobre la situación, misma que está documentada por la CIDH.

 

 

Ya la familia discute la posibilidad de presentar el caso de las jóvenes desaparecidas ante la CIDH, platica a Cimacnoticias Emelia Ortiz.

 

 

Aunque el caso cumple todos los requisitos, la decisión dependerá de doña Antonia, decepcionada de las instancias de justicia y de las autoridades, obligadas por ley a encontrar a sus hijas y castigar a los responsables.

 

Disparos

 

La desaparición forzada ha sido una forma de criminalizar la protesta social en el país y constituye una de las peores formas de violación a los derechos humanos.