Por Lilia Torrentera G

 

Oaxaca, México.-  La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) proseguirá con la aplicación de sanciones a quien vulnere la normatividad oficial en materia de construcción de infraestructura porque no puede prevalecer el interés particular sobre el interés de conservar los recursos naturales de todos los mexicanos.

 

Así lo afirmó la delegada estatal de PROFEPA, Laura Aguilar Chagoya, en conferencia de prensa sobre el caso de las trece obras  clausuradas por esa dependencia en el centro vacacional de Bahías de Huatulco.

 

Explicó que aunque respeta la postura de los afectados,  condenó la acción de pretender politizar un asunto estrictamente legal para hacer  respetar la legislación en materia medioambiental.

 

Explicó que es la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) la instancia de otorgar los permisos respectivos para la edificación de cualquier obra, en tanto que la PROFEPA se encarga de revisar esas autorizaciones y aplica las sanciones en consecuencia cuando no se cumple con las normas establecidas.

 

La funcionaria recordó que en diciembre del año pasado se clausuraron cuatro obras en Huatulco, de las cuales, dos se allanaron al procedimiento, es decir los propietarios reconocieron que ni siquiera gestionaron permiso alguno por lo que pagaron las multas correspondientes.

 

[caption id="attachment_8711" align="aligncenter" width="217" caption="La delegada de PROFEPA, Laura Aguilar Chagoya afirmó que se continuará la aplicación de la ley a obras que provoquen daños ecológicos"][/caption]

 

Es el caso dijo, de los hoteles La Isla, El Violín y Villamar, cuya construcción registraba el 80 por ciento de avance, “pero han presentado su estudio de evaluación de daños y de impacto ambiental ante la SEMARNAT”. señaló

 

También han iniciado a resarcir daños con la reforestación de laz nonas afectadas por la construcción de dichos hoteles.

 

Indicó que la semana pasada se clausuraron siete obras más, solo una correspondió a la delegación estatal de Profepa, en tanto que las otras seis, fue una sanción directa de las oficinas centrales.

 

 

Aguílar Chagoya expresó que Profepa cumple únicamente con su tarea de hacer respetar el derecho ambiental, es decir el bien común tutelado, que tienen todos los mexicanos, en especial los oaxaqueños de disfrutar de un medio ambiente adecuado, señalado en la Constitución.

 

“No se trata solo de imponer una sanción económica por violar la legislación, sino que además de obliga a que exista una compensación del daño causado”.

 

Señaló que en el caso de las empresas clausuradas, Profepa ha solicitado,  una reforestación en el área de Copalita, en la misma dimensión que se daño en Huatulco para reactivar esta importante cuenca.

 

Advirtió que de no hacerse obligado a cumplir el derecho ambiental, no se tendría la oportunidad de prever las gravísimas consecuencias que impactarían en los ecosistemas costeros, los más ricos en biodiversidad biológica.

 

Las  empresas clausuradas incurrieron en una tala “indiscriminada y salvaje de árboles y de atentado contra la vida que ahí existe, que no se compensa de ninguna manera”, expresó

 

Pero agregó “es realmente preocupante que en lugar de aplaudir las actuaciones de la autoridad federal que trata de poner orden, existan voces que digan que estamos alejando la inversión”.

 

Aguilar Chagoya, expuso que sin duda está a favor de que incentive el desarrollo económico y turístico sustentable, siempre que se entienda como el hecho de garantizar a las futuras generaciones el disfrute en igualdad de circunstancias, los mismos recursos naturales y derechos sociales.