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Oaxaca, México.- La Cámara de Diputados recibió de la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre el caso de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, donde destacó que "definitivamente no procede la reparación del daño".

En el informe enviado a San Lázaro y leído durante la sesión ordinaria de este martes, agregó que a pesar de aplicarse el principio de duda razonable para su liberación, esto de ninguna manera significa que se haya demostrado, en el caso concreto, la inocencia de Jacinta Francisco Marcial. 

[caption id="attachment_28250" align="alignleft" width="292" caption="Jacinta Francisco, otra injusticia por se mujer y por se indígena"][/caption]

En tribuna, el secretario de la Mesa Directiva, Carlos Samuel Moreno, expuso que de acuerdo con la PGR y respecto a la posible reparación del daño a favor de las procesadas, es pertinente hacer algunas aclaraciones.

Entre ellas, dijo que como ya se mencionó con antelación, al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, lo procedente es presentar conclusiones no acusatorias después de que la autoridad judicial cierre la instrucción.

Lo anterior, aseveró, traerá como consecuencia que se decrete el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria pero, de ninguna manera, por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia a su favor, destacó.

El documento de la PGR señaló lo anterior, porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra no fueron corroborados con otros medios de convicción que hicieran prueba plena al entrelazarlo.

Agregó que ante ello, definitivamente no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses, por ser notoriamente improcedentes.

La PGR, a través del oficio turnado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, argumentó que de ahí que opere el principio de in dubio pro reo, pero no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de delitos por los que se sigue el proceso en su contra.

Se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una "duda razonable", respecto a su plena responsabilidad, esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos.

El oficio número DGPL 61-II-9-0040 derivó la petición de la Cámara de Diputados de información sobre el caso de Jacinta Francisco Marcial en el Juzgado Cuarto de Distrito del estado Querétaro, en donde la acusaban, junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, de delitos de secuestro contra servidores públicos.