Oaxaca, México.-Carece de fundamento jurídico sólido la decisión del Gobierno Federal al extinguir a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en virtud de que ésta fue creada en 1994 con base en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (1989).

Por tal motivo, según interpretaciones manifestadas por los expertos, se requeriría que el decreto de extinción de dicha empresa, tuviera una base legal igualmente explícita; ésta sería además una manera de mejorar la calidad de la solución a los problemas del sector eléctrico, que no afectan en forma exclusiva a LFC.

[caption id="attachment_30561" align="alignleft" width="250" caption="Empezó el pago de liquidaciones"][/caption]

Lo anterior lo puntualizó la doctora Graciela Bensusán Areous, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien mencionó que en 1989 se modificó el transitorio cuarto de la citada ley, mediante la aprobación de la Cámara de Diputados que ordenó la constitución de LFC.

Desde 1975, su antecesora se encontraba en proceso de liquidación, por lo que se requeriría la conformidad de esa instancia para decretar la extinción de esta empresa pública.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, explicó que en el aspecto legal también se viola el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece la figura del patrón sustituto, en tanto las relaciones laborales no pueden desaparecer al persistir la materia de trabajo y en este caso se seguirá otorgando el servicio de energía eléctrica a la población.

Para dar por terminadas las relaciones laborales, el gobierno debió demostrar la incosteabilidad notoria de la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dando garantía de audiencia al sindicato, lo cual era complicado porque eliminaba el factor sorpresa.

Además, de esta forma se haría evidente que el problema de financiamiento se deriva de la obligación de LFC de comprar energía cara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y vender la luz eléctrica barata, y no del costo de su contrato colectivo o de la ineficiencia de los trabajadores.

  En cualquier caso, este procedimiento no podía dejar de considerar que la materia de trabajo subsistía, por lo que debía respetarse la regla relativa a la figura del patrón sustituto, así como los derechos adquiridos de los trabajadores.

  Para la académica del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco lo que detonó la liquidación de esta empresa fue el artículo del convenio de reestructuración firmado en 2008 por el sindicato y la empresa, con el aval de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social, para realizar en forma conjunta los estudios técnicos, jurídicos y económicos conducentes a la obtención de una concesión para  usar la red de fibra óptica con el fin de dar el servicio de triple play a los habitantes de esta ciudad.

  Esta posibilidad habría brindado el servicio a un costo accesible para la población y, con los recursos que hubieran obtenido por estos nuevos servicios –de Internet, televisión por cable y telefonía– habría sido rentable la operación de la empresa paraestatal.

  No puede pasar desapercibido el hecho de que dos ex secretarios de energía obtuvieron concesiones para el uso de esta red de fibra óptica y que con esta opción se abre un espacio importante de negocios para el sector privado, lo que ha sido señalado como una de las razones para finiquitar la empresa pública.

  La docente comentó que a pesar de la capacidad de los trabajadores de la CFE, será complicado que puedan atender en forma adecuada los problemas de la red eléctrica de LFC, en función de las características de las instalaciones y la particularidad del servicio en esta zona del país, por lo que posiblemente se tendrán interrupciones en el suministro de la luz en los próximos días.

  Seguramente esto llevará a que se tengan que hacer rápidamente las recontrataciones para evitar el desprestigio de los “liquidadores” frente a los usuarios.

  Culpar a los empleados de los problemas que tiene el servicio de energía eléctrica en la capital y de la falta de modernización de la empresa es una “verdad a medias”, ya que hace un año el Sindicato Mexicano de Electricistas firmó un convenio para mejorar la infraestructura y llevar a cabo una reingeniería de procesos en el marco de reestructuración laboral, mediante un estudio técnico en el cual se reconocía la posibilidad de reducir y reubicar plazas de trabajo.

  Además, de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública las condiciones del convenio de productividad celebrado en 2006 se estaban cumpliendo en más de 90 por ciento.

  La especialista señaló que el salario promedio que perciben los trabajadores es de alrededor de 6,200 pesos al mes, pero que 50 por ciento de ellos gana menos de la media, lo cual desdice los privilegios que aduce el Gobierno.

  En un estudio comparativo realizado por la investigadora sobre los derechos laborales en la CFE, LFC y Teléfonos de México, una conclusión obtenida es que los costos laborales no salariales son relativamente similares para los trabajadores del sector eléctrico.