De la REDACCIÓN

 

Oaxaca, México.- En el marco de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, denunció el casi 900 millones de pesos de pesos que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó en el primer trimestre de 2009  que afectó  principalmente a los programas de apoyo a la población indígena, adultos mayores, mujeres y caminos rurales.

 

 

En entrevista ante diversos medios de comunicación, Toledo Indanzón manifestó que la atención, fomento y desarrollo de grupos vulnerables, pero en  especial de indígenas debe ser uno de los principales compromisos sociales que el Estado tiene que cumplir.

 

[caption id="attachment_22086" align="alignleft" width="300" caption="El Senador de la República, Adolfo Toledo Infanzón, urgió a la Feración a cumplir con justicia a los publos indígenas"][/caption]

Y dijo que “la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos Indígenas, de los 3 mil 401 proyectos que tiene, solo mil 721 han sido aprobados y están en operación, lo que implica que casi el 50 % se encuentran inoperantes y que es una clara muestra de la incapacidad de la dependencia federal”.

De igual manera señalo que el programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas es el que cuenta con el mayor número de proyectos, mil 16, pero que desafortunadamente a pesar de estar aprobados aún no empiezan a operar.

 

“Vale la pena recordar y recalcar que los programas operados por la CDI atienden a la población que concentra las mayores expresiones de pobreza que se registran en el país; y que los recursos destinados de por sí insuficientes y limitados, son esenciales para su desarrollo”, añadió.

 

Por tal razón, el legislador oaxaqueño dijo que “resultaba inaceptable este tipo de acciones por parte de las dependencias federales, más cuando las comunidades indígenas y los grupos vulnerables carecen de lo más elemental para sobrevivir”.

 

Finalmente, Toledo Infanzón advirtió que no se iban a permitir las inercias perniciosas de los últimos años que impedían el cumplimiento del gasto programable, y mucho menos a solapar la persistencia negativa de las instituciones gubernamentales a rendir cuentas y someterse a sanciones administrativas cuando existan subejercicios; “es imperativo garantizar que los tres órdenes de gobierno realicen la aplicación de los recursos encaminados a combatir la pobreza y que se encuentran establecidos en los programas y proyectos anuales”, concluyó.