Transnacionales beneficiadas por la crisis en el agro mexicano
Por Dolores Magallón
Oaxaca, México.- Prevalece “el diálogo de sordos” y la falta de voluntad política para resolver las demandas urgentes de los campesinos mexicanos; las políticas públicas para este sector se han orientado hacia el beneficio de las trasnacionales en perjuicio de la producción agrícola y la soberanía alimentaria nacional, señaló el maestro Rafael Calderón Arozqueta, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El académico del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco indicó que la movilización nacional anunciada para el 30 de enero, en la que participarán diversas organizaciones de campesinos, muestra el descontento de este sector, que cumple más de una década de ver agravada su situación con la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La miseria para los campesinos, la abundacia para las transnacionales
Dicho acuerdo, dijo el investigador, exhibe una relación inequitativa de competencia entre sus miembros, por las marcadas diferencias que existen entre los subsidios y los financiamientos que reciben los campesinos mexicanos y los trabajadores del campo canadiense y estadounidense. Calderón Arozqueta denunció que los verdaderos beneficiarios de los subsidios al campo en México son las trasnacionales, los intermediarios, las grandes empresas acaparadoras de grano y las comercializadoras y no los productores del campo.
En referencia al financiamiento, el académico comentó que estadísticas elaboradas por la Confederación Nacional Campesina (CNC), revelan que en los últimos 15 años el crédito de las instituciones financieras del gobierno al campo cayó en más de 70 por ciento, y el financiamiento total de la banca comercial se redujo en 75 por ciento.
En contraste con la actual ley agrícola estadounidense el Departamento de Agricultura alcanzó un monto presupuestal cercano a los 100 mil millones de dólares, mientras que las autoridades oficiales en México proponen un ingreso que no cubre los costos de producción promedio.
El experto puntualizó que a la imposibilidad de un “trato igual entre desiguales” pueden agregarse más argumentos para replantear el capítulo agropecuario del TLCAN, como el hecho de que tanto canadienses como estadounidenses dejaron fuera del acuerdo trilateral diversos productos para proteger su industria.
[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="390" caption="El legado de pobreza y desigualdad del TLCAN en el agro mexicano"]
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Tal es el caso, abundó, de la leche en Canadá; mientras que México abandonó a sus productores de maíz, frijol y leche, al no manifestar opciones de salvaguarda para estos tres productos básicos en la alimentación del pueblo mexicano, cediéndolo todo.
El investigador refirió que no se cumplió con la eliminación de obstáculos al comercio, establecido en el artículo 102 del Tratado, al impedirse la entrada del atún a territorio estadounidense y la comercialización del aguacate en estados productores norteamericanos y al establecer estrategias que dificultan la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes del acuerdo.
Por ejemplo, prosiguió, el caso del cierre a la circulación de vehículos de carga, el retraso de exportaciones mexicanas por la Ley Antiterrorismo, las revisiones fitozoosanitarias asimétricas y el rumor de la salmonela en tomate, melón, chiles y ajos.
La inversión extranjera de nuestros socios en el campo, explicitada como compromiso en el Tratado, tampoco se cumplió, nunca alcanzó uno por ciento y prácticamente desapareció.
El especialista agregó que con el TLCAN se agravó la dependencia alimentaria, que pasó de 10 por ciento en 1994 a 48 por ciento en 2008, lo doble del máximo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
También se incrementó el déficit de la balanza comercial agroalimentaria, que se deteriora a una tasa media anual de 2.8 por ciento alcanzando los cuatro mil millones de dólares al año.
Por todas estas razones, señaló Calderón Arozqueta, está justificada la exigencia de las diferentes organizaciones campesinas al gobierno de abrir la negociación de un acuerdo trilateral más justo, que resuelva las asimetrías entre los países que integran el Tratado. El profesor lamentó que a este panorama sombrío se sume la burocracia de las autoridades, que persiste en que órganos discrecionales tomen decisiones en políticas públicas y cuya falta de planeación y coordinación permite un pésimo ejercicio de los recursos, que en un esfuerzo legislativo han llegado a 15 mil millones de pesos anuales en los últimos seis años, aprobados por la Cámara de Diputados.
El investigador recordó que en 2008 se dio la “situación gravísima” de que más de 80 por ciento del presupuesto destinado al campo se aplicó en el último trimestre, “cuando ya se cosechaba el cultivo de otoño-invierno y se estaban entregando apoyos para siembras de primavera”. Consideró que de forma más reciente, el aumento desmedido en los impuestos de importación de vehículos –calculada en 316 por ciento– y del diesel, afecta a todo el esquema productivo del país y agudiza el descontento de los productores agrícolas y pesqueros.