De la REDACCIÓN

Oaxaca, México.- Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, integrantes de la Diputación Permanente de la 60 Legislatura del Estado hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales de Salud, Educación y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los padres de familia para promover y vigilar que se vendan alimentos nutritivos dentro de los centros escolares y evitar el consumo de los llamados productos chatarra.

La preocupación es por el alto índice de niños oaxaqueños con problemas de obesidad y desnutrición que afecta en mayor medida a los de 5 a 9 años y puede desencadenar enfermedades crónico degenerativas y padecimientos cardiovasculares, entre otros, lo que sin lugar a dudas repercute en la atención y desempeño intelectual de los pequeños.

[caption id="attachment_24500" align="alignleft" width="300" caption="Urgente que padres de familia vigilen la alimentación de sus hijos en las escuelas"][/caption]

Los legisladores expusieron en tribuna  el tema de alimentación y educación de los niños oaxaqueños y consideraron que es un problema que requiere la participación de toda la sociedad, por lo que se pronunció a que las instituciones del sector salud difundan entre los derechohabientes y la población abierta, planes de nutrición viables con alimentos de cada región.

 

 

Al respecto el presidente de la Comisión Permanente de Salud de la 60 Legislatura, diputado Gerardo García Henestroza, del PAN, anunció que está por terminarse el dictamen sobre la reforma al artículo 14 de la Ley de Educación, relativo al tema y señaló la obesidad ya dejó de ser un problema de estética para volverse de salud.

Durante la sesión, legisladores se reservaron también para presentar al pleno dos proyectos de reforma enviados por el titular del Poder Judicial, Héctor Anuar Mafud Mafud, donde se propone modificar diversas disposiciones y el artículo primero transitorio del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca.

De igual manera, una reforma constitucional a los artículos 113, 138 y 139 y una adición al artículo 23 bis A del Código de Procedimientos Penales del Estado, presentados por el diputado Jaime Aranda Castillo, del PRI, y se reservó también las propuestas de modificación a la Constitución Política local en materia municipal e indígena  que entregó la Comisión para la Reforma del Estado (CEREO) al Congreso local el pasado miércoles.