Por Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca, México.-    El país precisa de una profunda reforma del sistema de administración y procuración de justicia, para hacer tangible las sanciones de tipo penal que se deriven de los órganos de fiscalización en contra de quienes delinquen  con los recursos públicos, afirmó aquí, Aimeé Figueroa Neri,  académica de la Universidad de Guadalajara.

[caption id="attachment_19879" align="alignleft" width="300" caption="La investigadora de la U de G, Aimeé Figueroa Neri"][/caption]

Al participar en el Foro Regional de Normatividad en la Fiscalización de la zona Pacífico, Figueroa Nari expuso que aun cuando México cuenta con once de  las mejores legislaciones en materia de fiscalización, entre los que se encuentra Oaxaca, es urgente que a la par , se cuente con leyes que posibiliten al  Poder Judicial y a las instancias de procuración de justicia, a  imponer sanciones no solo administrativas sino también de tipo penal.

Expuso que a través del Centro Universitario de Ciencias Económico—Administrativas de la U de G, se realizó una evaluación de las leyes mexicanas de fiscalización superior del 2000 al 2009, en la que se establecieron diez indicadores que dan una escala del 0 al 100, rangos con los que se logró catalogar las mejores leyes a nivel estatal en el país.

Detalló que uno de estos indicadores, con mayor peso para dicha evaluación, fue el de  lograr la autonomía de los órganos  de fiscalización, pero no solo porque se establezca  constitucionalmente, sino  que del estudio de las facultades que tiene y sus competencias y  sobre todo de contratar dichas competencias con la comisión de vigilancia o con el Congreso local, para que no existan contradicciones, y pueda actuar en libertad, sin la intervención de los partidos políticos.

Otro rango de calificación sobre estas leyes, explicó, es la elección del titular de los órganos de fiscalización, ya que todavía en algunas entidades del país, aun se realiza con voto secreto, que es una “carta de negociación entre los partidos”.