Por Fortino TORRENTERA O.

Oaxaca. México. En el transcurso de esta semana deberá emitirse una resolución respecto a la situación jurídica de la profesora Magdalena Rufina García Soto, encarcelada desde hace dos años por el supuesto encubrimiento a una violación que ha quedado demostrada no hubo.

Al vencerse los términos constitucionales y ante el agotamiento de pruebas acusatorias, organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, podrían intervenir ante el gobierno federal para declarar esta misma semana la exoneración de la mentora, recluida injustamente.

Toca al magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Arturo León de la Vega, emitir la resolución, toda vez que existen irregularidades en la integración de pruebas en contra de  García Soto, vicios que ilegitiman las acusaciones.

[caption id="attachment_20125" align="aligncenter" width="445" caption="El caso, motivo de análisis del manejo mediático en Oaxaca."][/caption]  

En el mes de mayo, el Juez Miguel Hernández Bautista, dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión a la señaló como cómplice de los autores materiales, imponiendo tal pena por lo elementos aportados de manera irregular en el proceso.

Dentro del expediente 133/2007, se pidieron 17 años de prisión, sustentando dicho juez la condena: “al considerar que está plenamente demostrada su responsabilidad penal en el delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en contra del hijo de la señora LETICIA VALDÉS MARTELL. La madre del menor y la coadyuvancia a mi cargo consideramos que la sentencia está apegada a derecho en cuanto que el Juez consideró que ESTÁN PLENAMENTE DEMOSTRADOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO y ASIMISMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA HOY SENTENCIADA”

Al respecto, uno de los abogados de García Soto, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, resalta que por declaraciones contradictorias de la madre del menor, se desvirtuaron lo asentado en actas, además de que se integraron elementos de manera irregular, por lo que mostró su desconfianza al sistema judicial local por “actuar de manera tendenciosa y errónea”.

En el sustento que hace la defensa, el abogado José Luis Nassar Daw señala en el expediente: “Estamos ante un caso de injusticia que se ha prolongado por más de dos años, porque nuestro sistema de impartición de justicia obliga a que una persona que es aún considerada inocente se encuentra privada de la libertad sin que exista una sentencia definitiva”

Además del manejo mediático que ha dado la parte acusadora, existen pruebas que confirman un proceso viciado pues las supuestas lesiones que presentó el menor, no son características de una violación debido a la corta edad del menor, quien sería violentado.

Irrefutables pruebas de esas irregularidades es que el supuesto líquido seminal tomado del menor no era tal, mientras que la presunta escoriación perianal no se relaciona con un acto sexual; y aún más, cuando se demostró que el resultado del laboratorio que la madre del acusado usó como prueba, es ilegible pues el responsable de firmar esas pruebas se encontraba en Argentina.

Aunque existen hechos más graves, referentes a las negociaciones que ambas partes sostuvieron para que este escándalo no trascendiera y en las que se evidencia la actitud de la madre frente a este caso en el que ha expuesto al menor al escarnio público, podría configurar delitos contra la parte acusadora.

Ante la demostrada carencia legal y contradictorias acusaciones y la manipulación de la pruebas, este caso lleno de irregularidades revela que incluso pudo incurrirse en corrupción, toda vez que existen declaraciones falsas penalizadas por la ley.

Por ello, el Juez que dictará la resolución, queda en posibilidad de pedir reparar el daño que se ha hecho a la inculpada y a las familias de los dos indiciados - Salvador Adán Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino- a quien la madre del menor acusa de haber materializado el supuesto ultraje.

Hace dos meses, la parte acusadora pedió el apoyo del magisterio que inicialmente se lo brindó, pero al conocer la irregular situación, no solo se lo retiró, sino que los mentores acusaron a la madre del menor de haberlos engañado.

Por defensores civiles, ha trascendido que en esta semana organismos internacionales podrían conocer del caso para pedir al gobierno mexicano se dicte el auto de formal libertad a Magdalena García Soto.