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Jueves 28 de noviembre, 2024.
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Emiliano PARRA
Oaxaca, México.- Amnistía Internacional anunció la adopción como presa de conciencia de Jacinta Francisco Marcial, mujer de 46 años condenada injustamente a 21 años de prisión, y ha pedido a las autoridades mexicanas que la dejen en libertad de inmediato y sin condiciones.
La organización manifestó en un comunicado, que a Jacinta se le negó un juicio justo y que está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
Madre de seis hijos, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, se encuentra encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006.
Se la acusa del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México, quienes aseguran que ella y otros vendedores de los puestos del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de DVD “pirata”.
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“El caso de Jacinta es un escándalo porque que es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas”, expresó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
Knox expuso que lo ocurrido a Jacinta demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables.
“Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social”, dijo.
Recordó que el 26 de marzo de 2006 entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones vestidos de civil, que decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”.
En medio de la tensión consiguiente, los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores les pincharon los neumáticos de algunos de sus vehículos.
Según la comunidad local, la protesta acabó el mismo día, tras ir el jefe de la policía regional a una localidad vecina a buscar fondos con que indemnizar a los vendedores por los daños causados a sus mercancías.
Esa noche, los seis agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, alegando que las personas participantes en la protesta los habían tenido secuestrados varias horas.
Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta fue detenida y conducida a la Procuraduría General de la República.
En ese momento, le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado, así que hasta que no la llevaron a la prisión no se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, del secuestro de los agentes.
La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes en la protesta. En sus declaraciones originales, del 27 de marzo de 2006, los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones no mencionaron en ningún momento a Jacinta Francisco Marcial.
Fue un mes después, al mostrarles dicha fotografía, cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto delito. Jamás se ha presentado ninguna otra prueba de su participación en el incidente, y durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta.
En aquel momento Jacinta hablaba muy poco español y no entendía lo que ocurría. No se le proporcionó ningún intérprete, y su abogado de oficio no habló nunca con ella para explicarle su derecho de defensa. Jacinta afirma que el letrado se limitó a permanecer sentado en un rincón de la sala, sin decir nada, cuando la obligaron a firmar unos documentos que no entendía.
Hablando con una persona enviada por Amnistía Internacional para investigar el caso y que fue a verla a la prisión, Jacinta dijo: “La primera noche en mi celda estaba lloviznando y hacía mucho frío y con las rejas todas abiertas y todo, y en ese momento sí sentí mal porque yo no hice nada y por qué me hacen esto y estoy en la cárcel y nunca había hecho nada. Y sí en ese momento lloré, lloré y dije “¿ahora qué?”. Y cuando escuchaba las puertas que se abrían dije ojalá que me dejan ir, y yo me paraba y veía en la puerta a ver si alguien me iba a dejar ir, y no”.
El 17 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que había habido graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta. La mujer continúa en prisión a la espera del resultado de un nuevo juicio.
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