| | Oaxaca de Juárez |
Lunes 23 de diciembre, 2024.
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Oaxaca, México.- Al iniciar la reunión del Protocolo de Cartagena sobre responsabilidad y compensación por los daños producidos por Organismos Genéticamente Modificados, que se realizará en la Ciudad de México, la organización Greenpeace denunció al gobierno federal de permitir la contaminación del maíz nacional con grano transgénico procedente de Estados Unidos y ha puesto en riesgo la bioseguridad del país.
Sin embargo, señala “Felipe Calderón, como jefe del Ejecutivo y como anfitrión de esta reunión, debe actuar con congruencia y cumplir con los preceptos del Protocolo de Cartagena a fin de preservar las semillas que son básicas para la siembra y alimentación de los mexicanos y no permitir por ningún motivo que éstas queden en manos de monopolios de empresas transnacionales”.
Greenpeace México señala que es preocupante que el Presidente de la República prefiera reunirse con Monsanto, en vez de atender las demandas de los campesinos mexicanos y la urgencia de la preservación de la diversidad genética y biológica de nuestro país”.
Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de ese organismo civil explicó que la siembra de transgénicos es ilegal en México, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que está vigente, sin embargo, el gobierno federal ha sido incapaz de evitar su propagación.
“Es momento de reparar el daño, de fincar responsabilidades a la empresas que contaminan nuestros campos con el fin de comercializar sus variedades patentadas”, dijo.
Este régimen también debe incluir claramente los daños y perjuicios socioeconómicos provocados a las comunidades locales e indígenas, según el Artículo 24 del Protocolo.
[caption id="attachment_8368" align="aligncenter" width="300" caption="Monsanto ha invadido con transgénicos el campo mexicano "]
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La liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados produce daños y perjuicios para los ecosistemas en que se realiza, para los cultivos cercanos que son orgánicos o tradicionales y representa una contaminación genética inminente.
Es preciso fortalecer el principio de que “quien contamina, paga” y garantizar su aplicación a fin de que los campos de cultivo y los agricultores no queden a merced de las acciones legales que emprenden las transnacionales”, agregó Lara.
Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cometieron graves omisones y no tomaron medidas que garanticen un nivel adecuado de protección de las variedades nativas e híbridas de maíz frente a semillas transgénicas, altamente contaminantes, ingresadas y sembradas de manera ilegal en la región del Valle de Cuauhtémoc, en el Estado de Chihuahua.
No hubo una notificación oficial sobre el potencial movimiento transfronterizo ilegal.
A pesar de que el movimiento era sobre un evento que nunca fue liberado comercialmente en el país de origen (evento experimental), no hubo ningún informe sobre las razones que pudieran explicar dicha presencia en embarques.
No se aplicaron sanciones a los involucrados en estos movimientos a pesar de que se violó la legislación nacional en la materia.
No se tuvo acceso inmediato a la totalidad de la información requerida para realizar las evaluaciones de riesgos pertinentes.
No se llevaron a cabo acciones de emergencia ante la posibilidad de dichos movimientos y cuando se tuvo constancia del movimiento ilegal, no hubo buena coordinación entre las dependencias involucradas.
Fuente: www.greenpeace.org
[caption id="attachment_8367" align="aligncenter" width="300" caption="El gobierno federal violenta la bioseguridad nacional y ponen en riesgo la alimentación sana de la población"]
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