Pide Amnistía Internacional a la SCJN, justicia para Oaxaca

Oaxaca, México.- En vista de la discusión que el día de hoy dará inicio  la  Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del informe sobre los sucesos en Oaxaca entre 2006 y 2007, Amnistía Internacional (AI) solicita que los ministros se aseguren que la resolución que se emita esté fundada en el derecho internacional de los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que el informe de los jueces investigadores y la ponencia de un ministro son positivos en la medida que señalan varios abusos cometidos durante los sucesos. Sin embargo, la organización considera que el texto bajo consideración no refleja la gravedad ni la forma generalizada en que se cometieron las violaciones de derechos humanos y no identifica con claridad la obligación del Estado de deslindar todas las responsabilidades por tales abusos graves.

Amnistía Internacional siempre ha reconocido que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y que la parálisis de Oaxaca durante varios meses tuvo un serio impacto en los derechos de muchas personas en Oaxaca. Sin embargo, es también evidente que representantes del Estado no solo hicieron uso de la fuerza excesiva para reprimir a los manifestantes, como el informe lo señala,  sino que además estaban implicados en homicidios ilegales, tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Estos hechos nunca han sido investigados debidamente y el informe presentado ante la SCJN prácticamente hace caso omiso de estos abusos graves.

Es preocupante que del informe  que se discute en la SCJN parece haber sido elaborado con en base en la información en los expedientes penales y los datos proporcionados por las autoridades, sin hacer referencia a otros testimonios o pruebas para contrarrestar las fuentes oficiales.  Esta omisión es importante porque varias de las autoridades involucradas no cumplieron con su obligación de realizar investigaciones imparciales y exhaustivas de los abusos cometidos.

AI considera preocupante la conclusión de la ponencia que al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios en los abusos no se ajusta a las obligaciones de México bajo las normas internacionales de derechos humanos. Según el derecho convencional, México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.

Es esencial que la SCJN considere todos los abusos cometidos en Oaxaca durante los disturbios en 2006 y 2007 de conformidad con las obligaciones de derechos humanos adquiridas por México y dar un impulso para que todos los responsables rindan cuentas y las víctimas reciban una reparación adecuada del daño.