Por ingobernabilidad y no porconcesión, la desapareción de poderes en Jicayán

Oscar VALDIVIESO

Oaxaca, México.-  Por considerar que existe un “evidente estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad, que evita ejerce  funciones encomendadas constitucional y legalmente”, el Congreso local aprobó la desaparición de poderes municipales en San Pedro Jicayán.

En la sesión extraordinaria, que culminó la noche del miércoles, los diputados determinaron con base al dictamen emitido por la Comisión de Gobernación de la 60 Legislatura, que el edil de Jicayán, Leonardo Silva Palacios , se ha confrontado con un sector de la comunidad, que ha derivado en serios conflictos que ponen en riesgo la paz social.

También en la argumentación para desaparecer poderes en Jicayán, se tomó en cuenta el proceso administrativo contra Silva Palacios y el síndico, que se solicita en la recomendación número 36/2009 hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se demandó  medidas cautelares  a la activista Beatriz López Leyva  con el expediente CNDH74/2009/16 y que no fueron observadas por las autoridades municipales.

Para el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Mendoza Aroche, la suspensión del Ayuntamiento de Jicayán, obedece estrictamente al ámbito de ingobernabilidad y no una concesión de tipo político para el magisterio o grupos sociales de ese municipio.

“Tenemos que ser claros, que en Jicayán se ha registrado una evidente confrontación entre un sector de la población con su autoridad municipal, que se ha traducido en ingobernabilidad  al no garantizarse  el estado de Derecho y la paz social a los ciudadanos y no a un grupo político”.

Además recordó que la petición de desaparición de poderes, fue solicitada por el diputado Wilfredo Vásquez López ante la Comisión de Gobernación desde el 23 de abril pasado, tras el homicidio de la militante del PRD, Beatriz López Leyva.

Y recalcó que la decisión del Congreso sobre el caso del municipio de Jicayán es ante todo para  recuperar su gobernabilidad, al margen del conflicto intergremial que mantienen la Sección 22 y la 59 por la disputa de espacios escolares.

En el dictamen se autoriza al gobernador Ulises Ruiz Ortiz para nombrar un administrador, en tanto concluye el procedimiento de desaparición de poderes en San Pedro Jicayán.