Oaxaca, México.- La Comisión Especial para Asuntos Relacionados con Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, aprobada recientemente por el Congreso local, se instaló formalmente este miércoles con una integración plural de diputados que darán seguimiento a los casos de fraude suscitados en el estado por este tipo de empresas, informarán a la sociedad sobre las que están reguladas y las que no y mantendrán un vínculo estrecho con autoridades competentes en la materia.
En sesión de comisión, realizada en el palacio legislativo y presidida por la diputada Carmelina Cruz Silva, se aprobó una agenda de trabajo que incluye reuniones con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para proponer de manera oficial la creación de una fiscalía especial que dé trámite a las denuncias y seguimiento a los casos en que se constituya un delito tipificado, y con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la CONDUCEF, y la Administración del Fideicomiso para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Los diputados establecerán además una agenda regional para acudir a las comunidades donde se han presentado los casos de fraude y proporcionarán información veraz tanto a defraudados, autoridades municipales y demás habitantes, respecto a la operación de las instituciones. En materia legislativa, analizarán la manera de armonizar la legislación estatal con los ordenamientos que a nivel federal están previstos para proteger a los ciudadanos.
La legisladora Cruz Silva dio a conocer que entre los objetivos de la nueva instancia están: dar seguimiento a los casos irregulares de cajas de ahorro que han ofertado un servicio sin cumplir con los requisitos de seguridad y certeza legal, crear un censo de las instituciones de ahorro y préstamo que operan en la entidad, coordinando esfuerzos e información con la CONDUSEF y CNBV, para identificar aquellas que son irregulares y mantener estrecha comunicación con la PGJE, para que, con pleno respeto a las instituciones, se canalicen las denuncias ciudadanas de las víctimas.
Otras funciones serán dar a conocer a las autoridades municipales de los 570 municipios de la entidad sobre los requisitos mínimos que deberán exigir a quienes deseen instalar en su territorio una institución de este tipo e informar a la población sobre la importancia de la denuncia pública, que es una herramienta indispensable para frenar estos casos que afectan el patrimonio de los oaxaqueños.
