Se descalificó la SCJN al politizar su fallo en el caso Oaxaca: EPM

 De la REDACCIÓN

Oaxaca, México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su acuerdo emitido por el caso Oaxaca, descalifica los argumentos y peritajes vertidos en la investigación que por más de un año y siete meses realizó una comisión designada por el pleno de esa misma instancia.

Así lo señaló el diputado federal Eviel Pérez Magaña a nombre de la bancada priísta oaxaqueña en el Congreso de la Unión, Eviel Pérez Magaña, al conocer el sentido de dicho acuerdo, quien dijo que en tales condiciones se hace evidente una posible negociación con tintes electorales para minar las condiciones políticas de los estados donde gobierna el PRI.

Entrevistado al término de una sesión plenaria de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, en la cual se ratificó el apoyo al gobernador Ulises Ruiz, Ortiz, el diputado federal indicó que los ministros de la Suprema Corte con tal decisión, ponen en tela de juicio su independencia ya que la misma induce una subordinación a la línea política del partido en el gobierno y de quienes han ostentado cargos públicos federales.

[caption id="attachment_30900" align="alignleft" width="300" caption="El diputado federal, Pérez Magaña emitió su opión sobre el fallo de la SCJN"][/caption]

Además, dijo, apunta una falta de percepción histórica, dado que una decisión de esta naturaleza lo único que origina es darle patente de impunidad a grupos que hacen de la violencia y la ilegalidad su ejercicio político, dejando en estado de indefensión a la sociedad y al Estado de Derecho.

Señaló que en su acuerdo, los ministros exculpan a todas las autoridades del Gobierno Federal que tuvieron responsabilidad, empezando por el entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, lo que no se puede dejar de señalar es que con esta decisión, se aprueba el hecho de que el Ejecutivo Federal a conveniencia y obedeciendo razones de coyuntura política, pueda abandonar a su suerte a un Estado de la Federación y violar así impunemente el pacto Federal.

Pérez Magaña puntualizó que los ministros hacen caso omiso de lo que señala expresamente nuestra Carta Magna, en su artículo 119: “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestará igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida”.

A Oaxaca, agregó, se le negó reiteradamente el apoyo federal a pesar de las muchas solicitudes que se le hicieron, nadie escuchó a los trabajadores que perdían su empleo, a los padres de familia que veían a sus hijos privados de su derecho a la educación y a los ciudadanos que no podían transitar ni hacer uso de los servicios públicos, “Oaxaca padeció la inquina y la mezquindad de un ejecutivo federal que solamente se preocupó por los intereses mediáticos y  electorales de su partido”.

El coordinador de la bancada oaxaqueña en San Lázaro, manifestó que en esto fue muy claro el señalamiento esgrimido por el  Ministro José de Jesús Gudiño, quien afirmó que el Gobierno Federal “dejó mucho tiempo en una situación de abandono absoluto al estado de Oaxaca”.

Señaló que no es posible que una investigación que duró un año y siete meses, que recabó 151 informes de autoridades federales, estatales y municipales, y cientos de entrevistas con integrantes de la sociedad oaxaqueña, como empresarios, comerciantes, representantes del clero, organizaciones defensoras de los derechos humanos, artesanos prestadores de servicios y medios de comunicación, mismas que conformaron los 39 tomos con 6, 600 páginas que se tradujeron en el proyecto de acuerdo elaborado por el ministro Mariana Azuela, se deje de lado por una decisión política y a todas luces contradictoria a lo que dictan los argumentos presentados en este proyecto de acuerdo.

El legislador oaxaqueño, remarcó que en el apartado noveno de este documento, correspondiente a “las autoridades participantes”, se apunta en base a los peritajes e investigaciones realizadas que el gobierno del estado llevó a cabo los actos idóneos dirigidos a solventar, en la medida de sus posibilidades, las demandas de los inconformes.

Asímismo, el documento establece “que en este sentido se considera que la violación generalizada de garantías, no puede ser imputable a tales órdenes de gobierno toda vez que desplegaron conductas tendentes a solventar el conflicto social, máxime que la situación de facto que prevalecía en la mencionada zona geográfica y que impedía que diversos sectores de la población gozaran de sus derechos fundamentales, era ocasionada por particulares y no por autoridades”.

Una decisión que cambia radicalmente de un día para otro, enfatizó Pérez Magaña, es una decisión amañada, no olvidemos que el día martes 13 de octubre, las discusiones se perfilaban a considerar la evidente responsabilidad de quien fuera el titular del ejecutivo federal, Vicente Fox, como señaló el Ministro José de Jesús Gudiño; la parcialidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, que hizo oídos sordos a las solicitudes que una y otra vez se le reiteraron, como afirmaron los ministros José Ramón Cossío y Genaro Góngora; y los testimonios de los ministros Margarita Luna y Fernando Franco quienes reconocieron que el gobernador de Oaxaca no dejó de atender el problema.

Con su dictamen la Suprema Corte niega la justicia a Oaxaca y desoye sus propios datos que estimaron entre mil 600 millones de pesos los daños ocasionados de junio a noviembre de 2006, y a su propia investigación, que indica que se puso en riesgo el empleo de 93 mil 593 personas y que se frenó la operación de más 26 mil 552 unidades económicas ya que no juzga la responsabilidad de las autoridades federales ni a los grupos de interés que hicieron de la violencia un lucrativo negocio en detrimento de los trabajadores, la niñez y las y los ciudadanos oaxaqueños.

Finalmente, Pérez Magaña expresó que, una vez que se conozca el engrose que deberá presentar el ministro Mariano Azuela, quedará perfectamente establecido ante la opinión pública estatal,  nacional e internacional, quiénes fueron los responsables de financiar, alentar y violentar las garantías individuales y los derechos humanos de los oaxaqueños.