Tipifican como delito el tráfico de concesiones de transporte

De la REDACCIÓN

Oaxaca, México.- Con el objetivo de contrarrestar el tráfico de concesiones y permisos del transporte público, el Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales locales para que tipifiquen y sean castigados los servidores públicos, propietarios y conductores que incurran en la prestación de servicio público de transporte de forma irregular.

[caption id="attachment_26593" align="alignleft" width="91" caption="Es delito ya en Oaxaca el tráfico de concesiones del transporte público "][/caption]

Los dictámenes, aprobados por mayoría, sin el voto de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PC, fueron emitidos por la Comisión Permanente de Administración de Justicia, que preside el diputado Jaime Aranda Castillo, del PRI, a propuesta del presidente de la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte, diputado Agustín Aguilar Montes, también del PRI, quien presentó la iniciativa de adición al Código Penal local en el mes de junio pasado.

La adición de un capítulo IV que contendrá un artículo 240 Bis al Código Penal local, establecerá como penalidad de dos a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa al propietario de vehículo que sin contar con la concesión que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado preste un servicio público mixto de pasaje y carga, urbano y suburbano, de carretones de tracción animal, de alquiler de mototaxis, de carga ligera o de acarreo de materiales.

Asimismo, al que gestione u obtenga concesiones, permiso o placas de circulación, que permita la prestación de los servicios públicos de transporte sin cumplir con los requisitos establecidos por las leyes, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa.

El dictamen señala que al quedar tipificadas las conductas descritas en dicho código estás serán castigadas, pues lo que se pretende es que sean erradicadas dentro de nuestra sociedad, ya que causan grave deterioro económico para el transporte público que cuenta con sus concesiones y permisos expedidos dentro del marco de la legalidad, además de poner en riesgo la seguridad e integridad física de los usuarios.

Para armonizar el marco legal, también se adicionó un penúltimo párrafo al artículo 23 Bis del Código de Procedimientos Penales del estado, a propuesta del presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, para que fuera incluido en el listado de delitos graves el de tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte.

Estas modificaciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.