| | Oaxaca de Juárez |
Jueves 28 de noviembre, 2024.
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NOTIMEX
Oaxaca, México.- El Departamento de Estado anunció la entrega al Congreso del reporte pendiente sobre la situación de los derechos humanos en México, entre ellos, lo referente a la investigación del homicidio del ciudadano estadounidense, Brad Will como parte del requisito para desbloquear U$62 millones bajo la Iniciativa Mérida.
El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, P.J. Rowley, informó que el reporte fue entregado el pasado jueves 13 de agosto, en lo que constituye una parte del proceso para complementar los 420 millones de dólares aprobados para México este año.
"Este reporte presenta al Congreso los esfuerzos de México, en términos de la implementación de lo que son sus necesidades y sus esfuerzos para la profesionalización de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para reforzar el estado de derecho en México", dijo.
El Congreso estadounidense había instruido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a entregar antes del 30 de septiembre un reporte que detallara las acciones adoptadas por el gobierno mexicano para investigar y castigar violaciones a los derechos humanos por parte de la policía o del ejército.
En específico, el Congreso pidió enumerar las acciones del gobierno mexicano ante el asesinato del ciudadano estadounidense Bradley Roland Will, documentalista muerto en el estado de Oaxaca en 2006, cuando filmaba el conflicto magisterial en ese estado.
Los requisitos estuvieron contenidos en la ley de gastos suplementarios para Irak, que incluyó U$420 millones para México bajo la Iniciativa Mérida.
Sin embargo, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, había pedido este mes a la secretaria Clinton no enviar aún el reporte, al considerar que no se ha cumplido el requisito sobre los informes de los militares mexicanos.
The Washington Post señaló en un editorial la semana pasada que el senador Leahy y algunos grupos de defensa de los derechos humanos esperan usar la Iniciativa Mérida como palanca para acelerar los avances de la situación de los derechos humanos en México.
El reporte es condición para la entrega del 15% de los recursos, unos U$62 millones.
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