Ordena URO revisión de casos de indígenas presos para resarcir injusticias

Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca, México.-  El gobernador Ulises Ruiz Ortiz, demandó a los titulares de las instancias de procuración y administración de justicia, a revisar todos los expedientes de indígenas del estado para evitar actos de injusticia contra quienes por su origen y pobreza, son encarcelados injustamente.

[caption id="attachment_27280" align="alignleft" width="300" caption="El gobernador Tiuiz Ortiz en la ceremonia de liberación de presos"][/caption]

Al encabezar la 25 ceremonia de liberación de presos, Ruiz Ortiz contestó así a la petición hecha por el indígena cuicateco, Antonio Rodríguez Pérez, quien denunció que debió pasar 13 años y 19 días recluido en el penal de Ixcotel, acusado injustamente por un homicidio que no cometió y en cuyo proceso no contó con interprete porque en ese entonces no sabia hablar español, ni nunca se careo con su acusador.

 

Por ello, el gobernador Ruiz Ortiz, pidió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud y al Procurador de Justicia, Evencio Ramírez Martínez, así como al Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, revisar los expedientes de indígenas recluidos para que antes de concluir su administración, se logre la liberación  de hombres y mujeres en las cárceles del estado.

[caption id="attachment_27289" align="alignleft" width="300" caption="Indíenas presos que po falta de recuros no pudieron pagar sus fianzas, recibieron sus cartas de liberación del gobernador Ruiz Ortiz"][/caption]

Ruiz Ortiz, expuso que durante su gestión, se han liberado 8 mil 834 personas, gracias al programa de fianzas sociales en los que el gobierno estatal ha aportado 44 millones de pesos, la Fundación TELMEX  con siete y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dos millones de pesos más.

 

En el marco de la conmemoración de 199 aniversario de la Independencia de México, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, entregó las cartas de liberación a 313 mujeres y hombres que permanecieron encarcelados por la comisión de delitos menores, que observaron buena conducta y que por falta de recursos económicos para pagar sus fianzas, debieron permanecer recluidos en los diferentes penales de la regiones del estado