Miranda SALAS
Oaxaca, México.- El gabinete jurídico de ejidatarios y comuneros que conforman el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y Territorio que se opone a la construcción del libramiento sur, interpondrá denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las amenazas y hostigamiento de personal de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
Así lo dio a conocer el abogado Govanni Vásquez Sagrero al indicar que luego de que las comunidades afectadas se han organizado para impedir estas obras por parte del gobierno estatal, personal de CAO a través de amenazas, hostigamiento y sobornos a autoridades municipales pretenden que sean vendidas las tierras ejidales y comunales.
Por ello, dijo que se interpondrán denuncias ante la PGR y la CNDH, ya que se esta violentado los derechos agrarios de los poseedores legales de las tierras, que con sus actas debidamente avaladas por las autoridades agrarias.
[caption id="attachment_33813" align="alignleft" width="300" caption="Autoridades ejecidales de Zaachila determinaron en asamblea rechazar el proecto del Libramiento Sur"][/caption]
“Además funcionarios de esa dependencia estatal, han comenzado a identificar a regidores de los Ayuntamientos de los municipios afectados, para que “señalen a aquellos que se oponen al libramiento sur”, señaló Francisco Melchor Tejada, representante de los ejidatarios de Zaachila.
El líder campesino, dijo que con la Villa de Zaachila, que en asamblea comunitaria aprobó impedir las obras, prácticamente se ha construido un frente unido para decir no al despojo de sus tierras.
En ese sentido enumeró que en el Consejo, se han aglutinado San Pedro Ixtlahuaca, Tiracuz Cuilapam, San Lucas Tlanichinco, Cuilapam de Guerrero y se tiene pláticas con San Lorenzo Cacaotepec para integrarse a la defensa jurídica de sus derechos.
Dijo que el Libramiento Sur afectará un río, 61 arroyos, desaparecería 8 pozos de noria y 6 unidades de riego que representará una pérdida económica para las comunidades y sus productores de aproximadamente cuatro millones de pesos anuales.
En ese sentido describió que las obras dividirán a las comunidades y las incomunicará, impidiendo el paso en dos caminos reales y 14 caminos cosecheros, que violentará su derecho al libre tránsito.
Convocó a los campesinos de las poblaciones en las que se tiene contemplado la construcción de esta obra, para que rechacen el proyecto ya que a largo plazo tanto derechos humanos a una vida digna y la depredación de sus recursos naturales estarán en riesgo.
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