Carolina QUEZADA
Oaxaca, México.- Amnistía Internacional (AI) llamó hoy a las autoridades gubernamentales y a los grupos armados ilegales, a garantizar el acceso seguro del Segundo convoy humanitario que busca llegar a las comunidades indígenas bloqueadas del estado de Oaxaca, al sur de México.
[caption id="attachment_57976" align="alignleft" width="300" caption="La activista Beatriz Cariño, asesinada en la región triqui"]
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Recordó que dos integrantes de un primer convoy, fueron muertos cuando intentaban llegar a la región el 27 de abril.
El convoy. Indica, lleva artículos humanitarios destinados para las 700 personas que viven en estado de sitio en San Juan Copala, donde grupos ilegales armadas las han atrapado restringiéndoles los alimentos, electricidad y agua, y asesinando a quienes han intentado romper el cerco.
“Todas las partes deben respetar los derechos humanos y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esta vez el convoy pueda avanzar pacíficamente, sin temor de ser atacado,” dijo Kerrie Howard, Directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
Las autoridades oaxaqueñas, señaló el organismo internacional se han negado a comprometerse a garantizar la seguridad del convoy humanitario, a pesar de la necesidad imperiosa de los pobladores de acceder al mundo exterior y de servicios básicos.
"Los gobiernos federal y estatal deben demostrar su compromiso duradero de respetar, proteger y cumplir los derechos de todos los habitantes de San Juan Copala. Es vital garantizar el pasaje seguro del convoy humanitario hasta la comunidad," dijo Kerrie Howard.
Expuso que en la primera caravana en un intento de llegar a la comunidad en abril, 30 hombres armados emboscaron a sus participantes cerca de San Juan Copala, asesinando a la defensora local de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y al observador finlandés Jyri Antero Jaakkola.
Un grupo armado ilegal, conocido como Ubisort, el cual se reporta que está vinculado al partido político gobernante en Oaxaca, ha aterrorizado a San Juan Copala desde que la comunidad se declaró municipio autónomo en 2007.
A pesar de los repetidos llamados a las autoridades federales y estatales para que actúen, no se ha roto el sitio y ningún integrante de los grupos ilegales armados, incluyendo a Ubisort, ha sido llevado ante la justicia por los asesinatos y ataques recientes.