Urgen proteger a defensores de derechos humanos en el Día Internacional

CENCOS   Oaxaca. México. La ausencia total de condiciones de trabajo para las y los defensores de derechos humanos; y la violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas son una muestra contundente de que en Guerrero no se respetan los derechos humanos.   La impunidad, la falta de procesos de investigación y de acceso a la justicia ha hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, así como a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que se agudizan cuando son elementos del Ejército los señalados.       Ningún candidato ha priorizado en su agenda la atención de los derechos humanos, en particular el de los pueblos y comunidades indígenas, lo que sólo exhibe su desinterés por atender problemáticas estructurales que enfrenta nuestro estado.   Guerrero, a 9 de diciembre de 2010- Durante los sesenta y dos años que han transcurrido desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han creado una gran cantidad de instrumentos internacionales con la finalidad de que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas. No obstante, de algunos avances en México, en concreto en el estado de Guerrero, ésta es una realidad muy ajena.   La deficiente situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero no fue revertida con la alternancia partidista en el gobierno estatal, como se pensaba en un inicio. Peor aún, a lo largo del sexenio encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo, la mirada indiferente de los órganos encargados de administrar y procurar la justicia en nuestro estado ha prevalecido en un contexto marcado por los conflictos agrarios, la degradación del medio ambiente, la pobreza, la discriminación, la impunidad y la falta de acceso igualitario a la educación, a la salud y al trabajo. Cada día, siguen siendo asesinadas mujeres, víctimas del feminicidio o bien mueren por complicaciones relacionadas a la maternidad, el cáncer cervicouterino y de mama, entre otros factores que continúan amenazando la vida de las mujeres en Guerrero, principalmente la violencia que se ejerce de diversas maneras contra ellas.   Además, la injusta criminalización de quienes defienden los derechos humanos ha sido un medio para acallar las voces críticas durante este sexenio. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), permaneció más de dos años encarcelado, acusado de un delito que no cometió. Obtilia Eugenio, presidenta de la OPIM, a pesar de contar con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúa siendo víctima de agresiones, amenazas y hostigamiento sin que el gobierno guerrerense asuma su responsabilidad en la protección de la vida de la defensora; lo mismo ocurre con Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, quienes en su persona y en sus familiares siguen sufriendo las consecuencias de haber levantado la voz para exigir justicia y sentar en el banco de los acusados al Ejército Mexicano.   Paralelamente, también se ha usado la criminalización de la lucha social como una herramienta para atentar contra la ciudadanía y más específicamente cuando los pueblos indígenas deciden organizarse por usos y costumbres. El caso del pueblo amuzgo en Xochistlahuaca, donde defensores de derechos humanos y miembros de radio Ñomndaa son perseguidos en base a delitos fabricados- con el objetivo de mermar su ejercicio de los derechos colectivos y sistemas normativos- es otro ejemplo que muestra como los mecanismos de procuración de justicia son ineficientes y parciales y se encuentran al servicio de autoridades caciquiles.   El caso del indígena Silverio Matías Dominguez es ilustrativo de esta parcialidad. Tras 10 años de buscar justicia por la agresión que sufrió a manos de José Luis Rocha Ramírez, hermano de la cacique Aceadeth (entonces presidenta municipal) el 9 de enero de 2001, está por salir en los próximos días la sentencia del caso sin que Silverio haya sido citado a la Audiencia de Vista. A causa de la agresión de José Luis Rocha Ramírez, Silverio perdió un ojo. A pesar de que tanto las pruebas, como los interrogatorios y los careos de testigos, señalan directamente a Jose Luis Rocha Ramírez como agresor, tenemos la preocupación de que salga impune y “limpio” para presentarse a las elecciones municipales de 2011.   La impunidad es, en definitiva, la norma en el estado. Los asesinatos de Lorenzo Fernández Ortega, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, así como las amenazas e injustos encarcelamientos de varios defensores y defensoras más, son deudas pendientes. Por ello, no extraña que de acuerdo a informes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guerrero ocupe el cuarto lugar en el registro de agresiones y amenazas de este año.   Por otra parte, también se violenta el derecho al territorio y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas con la pretensión de imponer a toda costa, grandes proyectos en perjuicio de poblaciones que no han sido consultados, como en el caso de La Parota. Asimismo, el intento de despojar a las comunidades indígenas de sus recursos naturales, mediante los desarrollos mineros que sigilosamente se impulsan en La Montaña, dan cuenta de ello.   La militarización de Guerrero sigue siendo una fuente de preocupación. Se trata de una política que continúa expandiéndose y que busca legitimarse por la vía legal, a pesar de la inconstitucionalidad de la presencia castrense en las calles. En este marco, graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército han quedado impunes bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado. Por ello, triunfos sobre la impunidad como los que representa la emisión de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú el 30 y 31 de agosto de este año, son sucesos de trascendencia histórica que no pueden soslayarse. En esa medida, el cabal cumplimiento de los fallos no puede seguir siendo pospuesto por el Gobierno Federal como hasta ahora.   Actualmente México cuenta con diversas recomendaciones, que señalan la necesidad de reconocer el importante papel que realizan las y los defensores de derechos humanos; garantizar que los crímenes contra ellos sean investigados y sancionados y que se tomen las medidas adecuadas para garantizar su seguridad y su labor. Asimismo, los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteran al Estado Mexicano la obligación que tiene de garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército sean investigados por el fuero civil.   A pesar de esto, el Estado mexicano continúa evadiendo su responsabilidad. No brinda seguridad a las y los defensores; continúa sin implementar mecanismos efectivos que garanticen coordinación entre los diversos poderes y niveles de gobierno y mantiene la protección al Ejército a través del fuero militar.   En este marco y dada la gravedad de las circunstancias actuales, resulta sumamente preocupante que ninguno de los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero haya fijado hasta ahora, una postura clara respecto a la prioridad que su agenda de trabajo dará a la situación de derechos humanos en el estado.   Por todas estas razones, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por la falta de vigencia de los derechos humanos en nuestro estado y porque lamentablemente hemos visto como la situación se ha ido deteriorando.   La vigencia de los derechos humanos, garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos, no criminalizar aquellos que no son escuchados por sus gobiernos y la sanción puntual a quienes cometen violaciones de derechos humanos deben ser los cimientos para la construcción de una verdadera democracia. Mientras que en Guerrero continúe la impunidad y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales no sean garantizados, la alternancia en el gobierno estatal no implicará diferencias reales en las condiciones de vida de la gente y las comunidades.