Oaxaca, México.- Las periodistas por ser mujeres con una ocupación de riesgo enfrentan una doble violencia, que para ser erradicada es necesario que el Estado garantice su derecho a una vida libre de violencia, ya que “la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las mujeres periodistas”.
Durante el seminario “Las mujeres periodistas no estamos exentas de la violencia de género. Agresiones a mujeres periodistas en México, una perspectiva de género necesaria”, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, enfatizó que la exigencia del cumplimiento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debe venir del propio gremio y de la sociedad, apoyándose en las leyes nacionales e instrumentos internacionales garantes de este derecho.
El derecho a la vida, indicó la antropóloga feminista, es el primer derecho humano de las mujeres, al que se le añadieron dos palabras: “sin violencia”, debido a que este es un recurso utilizado “para castigar, educar y someter a las demás a través del miedo”, el cual es utilizado para silenciar a las dedicadas a la información.
Por ello, primeramente, “las periodistas necesitan reconocer que tienen esas dos características, son mujeres con una profesión de riesgo, condiciones que las colocan en un doble riesgo de ser víctimas de violencia”, mencionó durante el seminario convocado por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Si bien, esta problemática afecta a mujeres y hombres que desde el ámbito de la comunicación “develan, denuncian y exponen” la realidad nacional con una perspectiva que contribuye a democratizar el país, ellas sufren una violencia anterior por su condición de género.
Las agresiones contra las periodistas coinciden con la categoría jurídico-política de violencia, establecida en cinco leyes del país, como la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV), y en instrumentos internacionales como la convención Belém do Pará.
Por ello, debe enunciarse como violencia contra las mujeres, y, de este modo, exigir su erradicación desde estos marcos jurídicos, indicó Lagarde y de los Ríos.
“Las agresiones a periodistas se enmarcan en los cinco tipos de violencia que establece la LGAMVLV: física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, que existen en el ámbito familiar, comunitario, institucional, laboral, educativo”. Además, de la violencia feminicida.
La especialista mencionó que de este último tipo de violencia hay periodistas sobrevivientes y otras cuyas vidas culminaron en crímenes violentos.
Acompañada por la periodista Lydia Cacho, ante comunicadoras de distintos estados del país, Lagarde y de los Ríos recordó que Lydia “es sobreviviente de este tipo de violencia”, ya que hace seis años fue víctima de un conjunto de violaciones a sus derechos humanos que la colocaron en riesgo de perder la vida y su libertad, tras denunciar y documentar una red de trata de personas en el país, en la que estaban coludidos funcionarios públicos y empresarios.
La violencia feminicida incluye los feminicidios, que consisten en crímenes violentos contra mujeres, que en algunos casos implica la muerte violenta de mujeres, como ocurrió con Felicitas Martínez y Teresa Bautista, comunicadoras triquis asesinadas en abril de 2008, abundó.
Las jóvenes comunicadoras de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, en Oaxaca, reunían factores de riesgo: su condición de género, edad, etnia, su diferencia ideológica, su ocupación, por los que “estaban en riesgo extremo”.
“Si analizamos desde una perspectiva de género, de clase, de etnia, estas categorías nos permite saber quienes están en mayor riesgo y en que regiones tendríamos que desarrollar políticas para que las periodistas estén protegidas”, refirió.
En este escenario, “la comunidad no las puede dejar solas, los movimientos sociales, deben tomar las leyes como propias para exigir al Estado la protección para las periodistas”, ya que la seguridad para periodistas se dará, cuando se logre la seguridad para las periodistas”.
Por ello, partiendo del reconocimiento de la desigualdad entre mujeres y hombres, el Estado debe atender la problemática desde una perspectiva de género, complementada con otros enfoques como la edad, la clase y la etnia a la que pertenecen las y los periodistas.
Y desde ahí también, el gremio y la sociedad deben exigir el derecho a la seguridad como un derecho humano ligado a la libertad de expresión, concluyó Marcela Lagarde.
