UAM/Economía   Oaxaca, México.- La iniciativa del Gobierno Federal que plantea el endurecimiento de sanciones a las empresas y directivos que incurran en prácticas monopólicas, es un discurso que no tiene condiciones de factibilidad, señaló el doctor Andrés Godínez Enciso, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).   De acuerdo con el investigador del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco la medida no posee bases reales de incidencia para enfrentar prácticas monopólicas en el país; no encontrará “eco” en el Congreso de la Unión, y quedará en un planteamiento discursivo.   [caption id="attachment_50227" align="alignleft" width="300" caption="Los monopolios disfrazados de altruistas"][/caption] El investigador de la Licenciatura en Agronomía de la Unidad Xochimilco indicó que la mayoría de la gente no percibe las “dimensiones catastróficas” del problema, ya que por ejemplo los paisajes áridos pueden ser agradables a la vista, aunque “en realidad eso se debe a los efectos de la erosión en una tierra que era agrícola y que hoy se ha perdido, y la cual permitía el desarrollo económico de una región determinada”.   Desde 1987, recordó, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación ha definido la desertificación como la pérdida de la capacidad productiva de las tierras por deforestación, erosión, disminución de la fertilidad y de los recursos hídricos, además de salinización en ambientes climáticos áridos, semiáridos y subhúmedos secos.   El profesor vaticinó que las grandes corporaciones buscarán “retrasar” y minar una propuesta de estas características, que implicaría una multa de 8 a 10 por ciento de los ingresos anuales de las empresas y la prisión de sus directivos de tres y hasta diez años cuando cometan estos actos.   Faltan elementos, consideró Godínez Enciso, para afirmar que la iniciativa tendrá una ruta congruente que permitirá generar las condiciones para llevar a cabo las sanciones planteadas.   El Coordinador de la Maestría en Economía de la citada sede universitaria manifestó que una reforma seria en la materia debería integrar mecanismos y acciones complementarios en los ámbitos legislativo y laboral.   La medida, puntualizó, debe visualizar también tareas adicionales asociadas al desempeño económico de México; es necesario, por tanto, el mejoramiento productivo y competitivo del conjunto del aparato industrial mediante diversos estímulos.   El economista calificó como limitada la aseveración de que el rezago productivo y competitivo del país es consecuencia únicamente de la existencia de prácticas monopólicas.   Una de las características de la composición de la estructura industrial y empresarial en México es la pequeña proporción de grandes grupos empresariales que domina áreas específicas y obtiene cuantiosas ganancias, que contrastan con el pobre beneficio que ofrecen a la población con sus productos y servicios.   La práctica monopólica de bajo impacto en términos de productividad y calidad en los servicios y de nulo beneficio para el consumidor se da en la nación tanto en empresas privadas, como públicas, y una propuesta del tipo debe examinar ambas, aclaró.   En lo referente a la normatividad, señaló que la Comisión Federal de Competencia (CFC) requiere una estructura orgánica y formativa autónoma, que tenga verdadera competencia en la aplicación de sanciones a prácticas monopólicas absolutas o relativas.   Hasta hoy, la CFC ha tenido poco margen de maniobra y tendría que analizarse si las nuevas herramientas de carácter jurídico (sanciones) serán efectivas y si están en su esfera de competencia y no se contraponen al sistema jurídico de la actividad comercial, cuestionó el profesor.