Oscar VALDIVIESO Oaxaca,  México.- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, de Oaxaca, (CDDHO), emitió una recomendación  a la Coordinación del Transporte (Cotran), Ayuntamiento de la ciudad y Tránsito del Estado para atender con eficacia el problema de prestación irregular del servicio del transporte urbano. Ello ante la impunidad de los concesionarios que con unidades en pésimas condiciones mecánicas, se han convertido en un riesgo para los usuarios y los peatones, sin que las autoridades correspondientes aplique el marco legal para castigar los homicidios cometidos a la fecha,. En  la recomendación se indica, que esta situación se ha originado porque en materia de transporte las autoridades no ejercen sus obligaciones legales, ya que expiden concesiones sin fijar lineamientos, además de que no se respeta el acuerdo firmado entre los concesionarios, Coordinación General del Transporte y la Dirección General de Tránsito del Estado en el cual se adoptaron compromisos para que todas las unidades cuenten con verificación ecológica, revista mecánica, seguro de viajero, choferes uniformados con copia ampliada de la licencia en lugar visible, que se rotulen los vehículos con número y razón social y que se impartan cursos de capacitación a los operadores. Agrega que la Dirección de  Tránsito del Estado ha sido omiso en la aplicación del Reglamento al igual que  Tránsito Municipal, lo que provoca que no se resuelvan problemas como el tráfico peatonal, de automóviles  particulares y del transporte en general, ya que se permite la circulación de vehículos de modelos muy atrasados que emiten sustancias tóxicas en grandes cantidades, no se respetan las paradas, existen muchos vehículos sin placas y en malas condiciones mecánicas, y en su totalidad no han sido verificados ecológicamente en el presente año, además de otras anomalías. En cuanto a las muertes que han provocado los autobuses del servicio urbano de pasajeros, señala el organismo que existe omisión y dilación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado para investigar los delitos cometidos por chóferes de esos autobuses, toda vez que a la fecha, las indagatorias iniciadas por tales ilícitos aun se encuentran en trámite, no obstante que ya concluyó el plazo legalmente señalado para su terminación. La CDDHO, señaló que todas esas anomalías violan derechos humanos de los usuarios y los informes que han rendido las autoridades responsables son incompletos, pues en el caso de Tránsito Municipal en un lapso de octubre de 2009 a febrero de 2010, solamente fueron infraccionados dos vehículos por falta de placas de circulación, lo cual es ilógico cuando que es evidente que un gran número de autobuses no cuentan con placas de circulación. Expone que según informe del Instituto Estatal de Ecología, en el primer trimestre de 2009, solamente 15 unidades del transporte público de pasajeros fueron llevados a revisión para la emisión de contaminantes; en el segundo semestre pasaron revisión 800 unidades, pero en el primer trimestre de este 2010, sólo cinco unidades pasaron la revisión, lo cual contrasta con las 17 infracciones que afirmó la autoridad municipal haber impuesto por este concepto. Por otra parte, la CDDHO, recordó que  entre los meses de octubre del 2009 a febrero del presente año,  perdieron la vida  por la imprudencia de los chóferes de las distintas líneas de transporte,  Simeón García Sánchez, Margarita García Valencia, Guillermina Maldonado Martínez, Felipa Calderón, Ever Martínez Hernández y Casilda Ramírez, Ello porque  existe omisión y dilación para investigar dichos homicidios y las averiguaciones no avanzan, lo cual vulnera lo estipulado por la propia Constitución, pues se retrasa la procuración de justicia por parte del ministerio público que ha tenido la obligación de practicar las diligencias tendientes a determinar sobre la acción penal, lo cual hace nugatorio el derecho subjetivo público a la justicia y las conductas delictivas quedan impunes.