Oaxaca, México.- El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C., demandó a las autoridades judiciales,  la liberación del padre Martín García Ortiz , quien fue detenido tras los hechos de violencia registrados en San José del Progreso. [caption id="attachment_60738" align="alignright" width="295" caption="El padre Martín Octavio García Ortiz"][/caption] El panorama para los derechos humanos se vislumbra cada vez más difícil ya que cada día se complica la defensa de los mismos; a lo largo del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se han documentado muchos casos de ataques, hostigamientos, encarcelamientos y muertes de defensores de derechos humanos o de personas que asumen una actividad de defensa, especialmente aquellas que salen en defensa de sus territorios, recursos naturales y el medio ambiente, concretamente cuando se les imponen proyectos de supuesto “desarrollo” sin su consentimiento y sin consulta previa. Debemos rescatar que la defensa que activa a los ciudadanos es legítima; ya que es una garantía y son parte de los derechos fundamentales que se encuentran estipulados tanto en la Constitución Mexicana como en diferentes Tratados y Convenios Internacionales en la materia. Cuando se trata de detener a los defensores, el Gobierno argumenta que es bajo el Estado de Derecho y la Legalidad; consiste en la autorización legal para utilizar la violencia y no es más que puro autoritarismo y discrecionalidad, utilizando las instituciones de procuración e impartición de justicia para perseguir judicialmente la actividad de los defensores y los movimientos sociales. En cambio cuando se trata de sancionar la corrupción y las violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios públicos se argumenta la presunción de inocencia y la falta de pruebas, abonando siempre a la impunidad. Es evidente que el Gobierno lo hace para acallar las voces; violentando la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Es el ejemplo del Padre Martín Octavio García Ortiz, a quien acusan de incitar a la violencia, cuando la verdad es que desde su llegada a la parroquia de San Pedro Apóstol, el P. Martín inició un trabajo pastoral invitando a los catequistas y agentes de pastoral a impulsar la Pastoral Profética, Litúrgica y Social, tomando en cuenta siempre la realidad y necesidades de la comunidad. Como parte del trabajo de la Pastoral Social se desarrollaron en las diversas comunidades acciones a favor de la ecología, esto propició la necesidad de obtener información de las repercusiones positivas o negativas por la explotación de la mina antes referida. A partir de esta acción, grupos simpatizantes a la minera y al PRI, lo comenzaron a señalar como agitador e incitador de la violencia, propiciando el odio y la difamación en contra del Párroco, esto orilló a que el día 19 de junio un grupo de personas arremetiera violentamente contra el Padre, además de acusarlo falsamente de hechos delictivos y todavía le cometieron una serie de abusos, delitos y violaciones a sus derechos humanos, en donde también se encuentran involucradas Autoridades de Procuración de Justicia. Desde el momento en que las autoridades lo rescataron de las manos de sus agresores hasta el día de hoy, han atentado contra  de su derecho a la Presunción de Inocencia; ya que la Procuradora de viva voz ante medios de comunicación declara que el rescate del Padre fue realizado por el Comandante de la Policía Preventiva del Estado, Alan Loren Peña Argueta y Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Titular de la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, junto con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuradora narra que al llegar la Policía al lugar en donde el Padre se encontraba privado de su libertad, los funcionarios del gobierno llegaron a un acuerdo con ellos, en donde los agresores solamente se los entregaban con el compromiso de que lo pusieran bajo la disposición del ministerio publico. Desde este momento abordaron la investigación con prejuicios y con la suposición de que era culpable, cuando sabemos que la responsabilidad de las autoridades reside en construir la responsabilidad penal de un indiciado a partir de la valoración de los elementos de prueba y no a través de un compromiso que asumieron como parte de una negociación ilegal con quienes le habían cometido delito a la víctima. Después de este momento el Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Netolín Chávez Gallegos, lo encerraron sin haber tenido una declaración formal en donde lo señalaran como responsable. Así lo retuvieron ilegalmente durante muchas horas, sin recibirle su declaración y sin darle oportunidad de aportar elementos de prueba que desvirtuaran las acusaciones en su contra. Ante ello queremos también evidenciar que el padre se encontraba mal herido y delicado de salud, no le brindaron la atención médica y psicológica que requería. Aunado a lo anterior, después de haber transcurrido las cuarenta y ocho horas que marca la Constitución Mexicana para resolver la situación jurídica de todo detenido, el Ministerio Público solicita una orden de arraigo, la cual libra el Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, y que en este momento se está realizando. Hay que subrayar que la figura jurídica del arraigo violenta gravemente los derechos humanos de las personas. Así lo indican diferentes Tratados, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es una figura Inconstitucional y violatoria de garantías. A pesar de esta serie de atentados contra sus Derechos Humanos, hasta el día de hoy no hay indicios de que las Autoridades de Procuración de Justicia inicien una investigación de fondo y seria por los delitos cometidos en contra del Padre, prueba de ello es que cuando las autoridades rescataron al Párroco, en ese momento si existían elementos de flagrancia por parte del grupo de agresores, es más había una confesión implícita por parte de ellos, y las autoridades allí presentes que tenían la facultad de actuar y detenerlos, no lo hicieron. Una vez más estamos frente a una violación al debido proceso que es la de LA INDEPENDENCIA ya que resolvieron bajo influencia, presión y amenazas,  y por otra parte LA IMPARCIALIDAD porque actuaron de tal manera que promovieron y defendieron los intereses de una sola de las partes. Por todo esto; los promotores, el equipo operativo y el consejo consultivo del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.,

E   X   I   G   I   M   O   S:

1.- La liberación inmediata  e incondicional del Padre Martín Octavio García Ortiz. 2.- Castigo a los responsables de las agresiones del Padre Martín. Que se rompa con la impunidad que se da a todos los niveles a través de hechos de ataque a personas que se manifiestan, que son solidarias y que hacen un trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos. 3.- Que el gobernador y todos los funcionarios públicos del Estado respeten de forma absoluta el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de promoción y defensa de los derechos humanos. 4.- Investigación inmediata e imparcial a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra del Padre Martín por parte de las autoridades del gobierno y delitos que resulten. Que se finquen las responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios que abusaron de su autoridad y cometieron violaciones a los Derechos Humanos. 5.- Como Centro de Derechos Humanos estamos en total desacuerdo que se criminalice la protesta y la lucha social y se le de calidad de delincuentes a las personas que se organicen, manifiestan sus ideas y reclamen sus derechos humanos, el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos, sin distinción alguna, garantizando que se ejerzan de manera integral. 6.- El Gobierno debe establecer y ejecutar mecanismos eficaces de resolución de conflictos sociales, políticos y agrarios, para que no abone actos de violencia que solo traen rompimiento del tejido social.