Agencias   Oaxaca. México. Militantes de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) protestaron por el ingreso de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a San Juan Copala para investigar el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, quien fue nombrado agente municipal por la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.   Ramiro Martínez, integrante de VOCAL, la cual está asociada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dijo que los policías entraron el viernes a la población disparando al aire y golpeando a los habitantes; luego ocuparon violentamente las oficinas donde despachan los integrantes del municipio autónomo.   [caption id="attachment_58079" align="alignleft" width="300" caption="Integrantes de VOCAL, evidenciaron posible uso político de reciente muerte de líder."][/caption]   El asesinato de Juárez Hernández, dijo, “fue montado por el gobierno estatal” en San Juan Copala porque aparentemente sucedió en Santiago Juxtlahuaca, durante una riña con taxistas de la Confederación Nacional Campesina.   Los pobladores tienen pruebas, y las mostrarán en su momento, “de que el cuerpo (de Juárez Hernández) fue sembrado en su casa de San Juan Copala”. Pidió a las autoridades estatales y federales, así como a las organizaciones sociales, que los apoyen en su lucha.   Eliel González Luna, coordinador de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacó que el ingreso de la PEP tiene la intención de desaparecer el autogobierno de San Juan Copala “para dar ejemplo de que no es camino el gobernarse por sí mismos”.   El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco lamentó el asesinato de Juárez Hernández pero reprobó que la PEP haya incursionado en la comunidad para reprimir a aquellos habitantes identificados con el municipio autónomo.   “Anteriormente no escucharon ni actuaron frente a las demandas de los habitantes del municipio autónomo (quienes) pedían alimentos, reinstalación de servicios básicos y atención médica, bajo el argumento de que no tenían capacidad para entrar a la zona y que no iban a arriesgar a su gente”.   Incluso, subrayó, no actuaron cuando organismos de derechos humanos nacionales e internacionales solicitaban su intervención en el caso.   La organización dijo que es correcto investigar este asesinato, “pero también es justo indagar todas las muertes y que se castigue a los responsables”.