El Financiero Oaxaca, México.-  Tras 80 años de gobiernos del PRI en el estado, las cifras en materia de educación, economía, seguridad y pobreza, entre otros rubros, son poco alentadoras para la administración que inicia este miércoles. En tanto, los grupos sociales y políticos se dividen a favor y en contra del próximo gobernante, Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia. Con 3.5 millones de habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca culmina uno de los sexenios más polémicos de su historia con 48 de los municipios más pobres del país. Asimismo, un millón 337 mil 597 oaxaqueños viven en pobreza alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir, poco más del 38 por ciento del total de la población. A pesar que uno de los programas nodales del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz reportó en su último informe, la alfabetización de 347 mil 131 personas de 480 mil que no sabían leer ni escribir en 2005, Cipriano Flores, titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, reconoció que 236 mil oaxaqueños nunca serán alfabetizados. Lo anterior, dado que hablan la lengua indígena o porque presentan alguna discapacidad mental, visual o auditiva. [caption id="attachment_79875" align="alignright" width="300" caption="Ruiz Ortiz y las cifras que no concuerdan"][/caption] En procuración de Justicia, la administración saliente cierra con 13 asesinatos considerados de alto impacto sin resolver, dentro de los que se encuentran las muertes de varios líderes sociales en la Costa, el Istmo, la Cuenca del Papaloapan y los Valles Centrales, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). A esta lista, se suman las ejecuciones de dos jefes policiales, señalados en 2006 de cometer una serie de violaciones en contra de militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), otro de los temas pendientes que según la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), deja el gobierno ulisista. En ese sentido, diversas organizaciones sociales reportaron alrededor de 200 asesinatos de luchadores sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos; más de 600 detenciones, la gran mayoría ligada al conflicto político-social de 2006, así como nueve desapariciones forzadas, entre otras cifras. Por ello, Ruiz Ortiz ha sido causa de nueve juicios políticos en su contra, dos de los cuales siguen abiertos, además de las mil 258 medidas cautelares a periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y luchadores sociales, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ruiz Ortiz es el único gobernador del país en haber sido acusado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de violación a los derechos humanos durante el conflicto social de 2006, que encabezó la APPO, y en voz del propio gobernador del estado, su gobierno ha sido uno de los más vigilados por la Auditoría Superior de la Federación. En materia de economía, el gobierno concluye con uno de los cinco presupuestos más altos del país, pero con una deuda pública que ascendió de 800 millones de pesos en 2004, a poco más de seis mil millones de pesos en 2010, según cifras proporcionadas por Benjamín Robles Montoya, encargado de la Oficina de Transición de Gabino Cué. No obstante, Ruiz Ortiz defiende la solidez de las finanzas públicas al reportar en su último Informe de Gobierno, una herencia en infraestructura por poco más de ocho mil millones de pesos y una deuda que de acuerdo a éste, sólo asciende a poco más de 1.4 millones de pesos. "Esperaremos al juicio ciudadano", declaró el mandatario previo a su mensaje con motivo de su último informe de gobierno, mismo que logró concluir, según sus palabras, "pese a sedicentes libertadores". No obstante, el terreno económico no es lo más complicado para el gobernante que entrará en funciones mañana. Lo anterior, dado el escepticismo con que diversas organizaciones ven a Cué Monteagudo por pasar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace más de una década, y su vínculo con otros políticos, como el ex gobernador Diódoro Carrasco y el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. "Durante el proceso electoral hicimos lo que nos correspondía para que el proceso no se complicara, nos mantuvimos al margen, pero eso ya pasó, así que mantendremos la misma posición de demanda, porque los pendientes son muchos", advirtió Gustavo López, ex concejal de la APPO y actual integrante del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). Para López, el triunfo de Cué está lejos de considerarse una transición a la democracia, dado que considera que sólo se logró "reciclar viejas formas", además de "coronar a la burguesía" en el poder. Por ello, organizaciones como esta, así como otras que integran la APPO, dentro de las que se encuentra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguran que mantendrán sus acciones de demanda al gobierno estatal. En ese sentido, el magisterio democrático tiene prevista ya una movilización para el próximo 1 de diciembre, mediante la cual demandarán castigo a los responsables de los 25 asesinatos ocurridos durante 2006, así como por todos los actos de represión, que afirman, se han vivido desde aquel año. En tanto, el gobierno entrante emanado de una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, se debate por mantener la unidad que los llevó al triunfo, así como por hacer cumplir la plataforma de gobierno sustentada hoy en seis ejes: Transición democrática, gobernabilidad y participación ciudadana; desarrollo económico, competitividad y empleo; seguridad y justicia; gestión y políticas públicas; pueblos indígenas; y desarrollo social y humano sustentable. Sumado a ello, la llamada "Coalición legislativa" integrada por 11 diputados del PAN, nueve del PRD, tres de Convergencia y dos del PT, da sus primeros pasos en una agenda que inició con la recepción de una iniciativa del gobernador electo, para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de realizar una reingeniería gubernamental. Aunque el panorama no es sencillo, dada la mayoría simple que ostenta el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 15 legisladores, la "Coalición legislativa" intentará hacer un frente común según su anuncio, para coadyuvar en el ejercicio de gobierno del convergente Cué Montegudo. Según el propio gobernante electo, esta reforma es la base para la ejecución de su plan de gobierno, mismo que dará a conocer en detalle en los siguientes meses. Para Robles Montoya, la expectativas generadas por Gabino Cué al terminar con 80 años de priismo "están bien fundamentadas", por lo que "en los primeros días de su gobierno va a haber cambios claros". "Ya se logró la alternancia, pero como el gobernador electo nos ha dicho, ésta no es suficiente, (así que) vamos por la transición democrática. Esto implica cambios profundos en todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos, no sólo en el Poder Ejecutivo, también en el Legislativo y Judicial", adelantó. "Estoy claro -dijo-, que los indicadores no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero si en lugar de usar recursos como lo hizo Ulises Ruiz para hacer un lujoso hospital en la capital del país, se usan para lo que son, se podrán hacer muchas cosas". Por su parte, el jefe del Ejecutivo entrante ha sido reiterativo en señalar el déficit económico en que se encuentra el estado, así como la falta de disposición del gobierno saliente de entregar cuentas claras de su administración. Al respecto, el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Transición Gubernamental, formado por la administración entrante, declaró el 24 de noviembre insuficientes los cinco encuentros que funcionarios del gobierno de Ruiz mantuvieron con los integrantes de la oficina de Transición de Cué, dentro del proceso de entrega-recepción. Ello, subrayó, impide "conocer con certeza el panorama actual de la administración y con ello garantizar la continuidad, sin tropiezos, de los planes, programas y acciones del gobierno que encabezará el licenciado Gabino Cué". De esta forma, el próximo 1 de diciembre, la ciudadanía oaxaqueña cerrará el capítulo más largo del priismo en el país tras 80 años de gobierno, e iniciará uno nuevo con un uno de los presupuestos más altos de México-58 mil millones de pesos-, pero con un cúmulo de demandas sociales y la acotación de cuatro partidos políticos, dos de ellos antagónicos, que le seguirán de cerca. (Con información de Agencias/AYV)