Lilia TORRENTERA G. Oaxaca, México.-  Organismos nacionales defensores de derechos humanos, coincidieron en afirmar que la  restauración del sistema de justicia con un marco jurídico que deje de criminalizar a los movimientos sociales, son los retos del próximo gobierno en Oaxaca para lograr un marco pleno de democracia participativa.   Durante la presentación del Balance de los Derechos Humanos en Oaxaca, realizado el lunes en la Casa de la Ciudad, David Bermúdez de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), expuso que el clima de trasgresión a las libertades de la sociedad, se inscribe en dentro del panorama nacional derivado de las políticas aplicadas por el gobierno federal. En ese sentido explico que la violación a derechos humanos en el país, y en especial en Oaxaca a partir del 2006, tiene conexión con las problemáticas de migración, la devastación de los recursos naturales, la subordinación del Estado mexicano a los Estados Unidos con la Iniciativa Mérida. Dijo que la guerra contra el narcotráfico, ha sido el pretexto para la injerencia del gobierno estadounidense  en las  políticas de seguridad nacional, que tiene sus efectos, no solo en el combate a la delincuencia organizada sino a todos aquellos que represente un riesgo para los intereses del país del norte, instaurando mecanismos de represión y de guerra.   En este contexto, explicó David Bermúdez, en todo el territorio nacional comenzó a registrarse una desvinculación  de los interese colectivos para apostar a los intereses políticos de la oligarquía, cerrando la interlocución y apostar al conflicto. Ello, aunado al desconocimiento de la realidad del país de la clase política y desvisualizar a los  actores políticos para no escuchar sus demandas más legítimas a grado tal que el gobierno federal ha llegado al punto de reactivar el conservadurismo  que criminaliza libertades individuales y fragmenta a grupos o alianzas. Esta situación se deja  ver, señaló, en la persecución desde el poder público y o desde la Iglesia por las preferencias sexuales; pertenecer a movimiento sociales o de defensa de derechos humanos y recursos naturales o en temas de género como violencia y aborto entre otros. De ahí, indicó, que esta política de extrema derecha y represión ha roto el tejido social, inculcando el interés individual para hacer perder la identidad colectiva para así legitimar la criminalización de la protesta social. “Y es justo en Oaxaca donde Seripaz, ha detectado una amplia gama de mecanismos represivos, como los últimos asesinatos de líderes sociales, que tiene visos de un paramilitarismo”, indicó Dijo que las dimensiones o los pendientes para Oaxaca, no solo sería para el próximo gobierno, sino que rebasa los ámbitos Por ello, convocó a los organismos civiles de derechos humanos a estar atentos al tratamiento que se dará en el próximo gobierno en Oaxaca, en esta materia, al señalar que no se puede hablar de una transición política cuando lo que ha sucedido siempre es una radicalización de los mecanismos del estado para neutralizar los movimientos sociales.   David Bermúdez  precisó que las acciones en el tema de derechos humanos que aplique el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, serán respuestas para todo el país y que serían en tres ejes fundamentales: la memoria, la verdad y la justicia. “Es vital que ante un nuevo gobierno, se generar  procesos de  recuperación y difusión de la verdad  de los pueblos de lo que paso en Oaxaca, para dejar constancia plena de la represión y violencia de que fueron víctimas los movimientos sociales y el papel que jugó el Estado”. Este accionar, indicó, no solo debe ser compromiso solo de el nuevo gobierno, sino de las organizaciones y ciudadanos para generar procesos comunitarios de dialogo y reconstrucción de tejido organizativo. Por otro lado, está el tema de la memoria que precisa desinstalación de procesos pedagógicos y de socialización de la represión que padeció la población  para darle a conocer a las nuevas generaciones lo que realmente paso y para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. En cuanto a justicia, el representante de SERIPAZ, expuso que los organismos civiles deberán de exigir al nuevo gobierno la aplicación de las sanciones a los responsables estatales y federales “porque de esta manera se podrá ver el compromiso real que se tendrá en la nueva administración con los derechos humanos”. Por último dijo que el próximo gobernador deberá asumir y cumplir la serie de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sobre violación de derechos humanos y establecer mecanismo que no permitan la represión y la impunidad además de revisar leyes y códigos penales que criminalizan la protesta social. Otro reto que deberán asumir las organizaciones  es el de denunciar a los grupos paramilitares en Oaxaca para obligar al nuevo gobierno a su desmantelamiento, cuya existencia ha sido negada por el Estado. En Oaxaca e abre un espacio para la articulación, exigencia y de posicionamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos frente al Estado y construir nuevos criterios y de relación con el próximo gobierno. A esta reflexión asistieron también, Luis Arriaga del de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez y Raymundo Díaz del Colectivo contra la Impunidad y la Tortura (CCTI) y Marina Pages, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ),