Así lo informó la diputada Isabel Carmelina Cruz Silva, presidenta de esa instancia legislativa, quien señaló que resultado de acuerdos con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el requerimiento notarial ha dejado de ser un requisito para la presentación de las denuncias penales debido a que representaba una limitante que desalentaba que los afectados acudieran ante el Ministerio Público.

Ahora basta que presenten documentos como el acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, contrato con la caja de ahorro, libreta de movimientos y demás papeles que los vinculen con la financiera en original y cinco copias ante las mesas de trabajo que con positivos resultados se han venido realizando desde el pasado 20 de julio en las regiones de Valles Centrales, Mixteca e Istmo, subrayó la representante popular.

Insistió en que en función del número de denuncias presentadas se podrán efectuar las auditorías necesarias que se requieren para poder acceder al fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Fipago) y de esta manera los defraudados recuperen una parte de sus ahorros perdidos además de  que toda asesoría y orientación que se brinda es de manera gratuita.

La legisladora señaló que a la fecha suman 25 las instituciones que se han declarado en quiebra, afectando a casi 38 mil oaxaqueños y otras 15 están en riesgo de cerrar, por lo que alertó a la población a tener cuidado en los lugares donde guarda su dinero.

Pidió a las autoridades municipales cumplir con lo establecido en el artículo transitorio de las leyes de ingresos, el cual establece que los ayuntamientos, antes de autorizar la apertura  o continuación de operaciones de las cajas de ahorro, deben comprobar que se encuentren debidamente registradas ante las instancias competentes, pues es lamentable que las sociedades cooperativas sigan abriendo más sucursales y operen al margen de la ley, haciendo caso omiso a las recomendaciones del Congreso local.

Los recorridos de la Comisión Especial para Asuntos Relacionados con las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Congreso local se realizan conjuntamente con agentes del Ministerios Público de la PGJE y el Frente Único de Defraudados.  Posteriormente también visitaran municipios de la Región Cañada por lo que se reitera el llamado a las víctimas de estas empresas a acercarse y denunciar el fraude.