Oaxaca. México. Este viernes, tuvo lugar una reunión entre el Estado Mexicano y las personas beneficiarias para atender las Medidas Cautelares MC-197-10 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, en beneficio de integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala.   Acudieron representantes del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y del Municipio Autónomo de San Juan Copala     [caption id="attachment_70062" align="alignleft" width="300" caption="Se abre una salida al conflicto en San Juan Copala."][/caption] La reunión se realizó en el auditorio del Centro SCT de esta ciudad, a las 10:30 de la mañana,  asistiendo por parte del Gobierno Federal  el Lic. Carlos Garduño Salinas, Director General Adjunto de Investigación y atención a Casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Funcionarios de la PGR, SRE, CDI, SSPF.   También estaban  presentes numerosos funcionarios del Estado de Oaxaca, así como el Presidente de la CDDH de Oaxaca;  sin que su presencia hubiera sido previamente acordada con los peticionarios y beneficiarios del Municipio Autónomo de San Juan Copala.   Por ello, se solicitó a los representantes del gobierno del Estado de Oaxaca y al Presidente de la CDDHO que salieran de la sala de reunión, debido entre a otras cosas, a que los peticionarios manifestaron que los integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala tuvieron que acudir a las instancias internacionales ante la incapacidad y complicidad de las Autoridades del Estado de Oaxaca en la violación a sus derechos humanos.   Cabe destacar que en esta primera reunión se entregó por escrito el planteamiento integral de las propuestas a implementar en el otorgamiento de las medidas cautelares y se dialogó sobre el marco que regirán las reuniones subsecuentes.   Para ello, acordaron que el Estado Mexicano revisará las propuestas y en una reunión posterior responderá al planteamiento, principalmente para el retorno de los desplazados por el conflicto en condiciones de seguridad y dignidad, y se pide tomar en cuenta todas las garantías que aseguren el derecho a la justicia, a la residencia y vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, al libre tránsito, a la reparación del daño.   También se convino el reinicio de actividades de instituciones y programas de beneficio social en el marco del derecho internacional humanitario y de respeto para la implementación de las medidas cautelares; así como la presencia, en las reuniones y acciones, de Observadores Internacionales de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional.  ACNUR.   Asimismo a partir de esta reunión se instala un mecanismo de reacción inmediata en situaciones de urgencia para intervenir en caso de una agresión a los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala.   Ante ello los peticionarios se pronunciaron por: La debida implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y el cumplimiento integral de las propuestas entregadas a la Secretaría de Gobernación.