.- La CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen acciones coordinadas que prevengan el secuestro de migrantes y les brinden la atención correspondiente, "respetando sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria".
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que abrió un expediente de queja e inició la investigación sobre los hechos relacionados con un grupo de migrantes que presuntamente fue secuestrado el pasado jueves 16 de diciembre en los límites del estado de Oaxaca.
Sobre el caso, ayer el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que no hay evidencia de un presunto plagio de migrantes que viajaban en un tren, como afirman autoridades de El Salvador y Honduras.
La respuesta se dio en relación con el comunicado de la cancillería salvadoreña, sobre el presunto secuestro de al menos 50 centroamericanos el pasado 16 de diciembre.
La CNDH explicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de este caso, por instrucciones de su presidente Raúl Plascencia Villanueva, envió personal al Albergue "Hermanos en el Camino", en Ixtepec, Oaxaca para dar apoyo.
En un comunicado, la CNDH informó que recibió 18 testimonios de migrantes que narraron lo sucedido a sus compañeros.
Detalló que además, el pasado 11 de noviembre solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas cautelares a favor del presbítero Alejandro Solalinde Guerra y habitantes del albergue "Hermanos en el Camino".
Lo anterior, al considerar que su vida e integridad física corrían peligro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su compromiso por la atención integral y la reparación del daño a la que tiene derecho toda víctima del delito.
Puntualizó que estará presente en este y cualquier evento que vulnere los derechos humanos de los migrantes, para dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
La CNDH informó que da seguimiento al Acuerdo sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, firmado el pasado 31 de agosto con las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública.
También, con base en el mismo acuerdo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elabora un nuevo diagnóstico sobre el secuestro de migrantes