“No prosperará la “operación gato”, que pretende esconder las porquerías del gobernador y exonerarlo de crímenes de lesa humanidad”: Mario Mendoza Flores

Oaxaca, México.- Por considerarlo como el principal responsable de la catástrofe económica y social sufrida por Oaxaca en el año 2006, cuando el comercio, la paz social y las libertades de tránsito y expresión se vieron colapsadas, el presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Mario Arturo Mendoza, llamó a la ciudadanía oaxaqueña a denunciar pública y penalmente al gobernador saliente de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Acompañado por los presidentes estatales de Acción Nacional, Carlos Moreno, y del Partido del Trabajo, Daniel Juárez, así como del secretario ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, Lenin López Nelio, el dirigente de Convergencia informó a los medios de comunicación que este esfuerzo por deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos en 2006 se realizará en dos vías, la penal y la política. En este sentido aseguró que la coalición Unidos por la Paz y el Progreso instalará en los próximos días módulos de atención y asesoría jurídica para quienes requieran denunciar afectaciones sufridas por la omisión de responsabilidades del gobierno o por la comisión de abusos de autoridad. De igual forma, exhortó a los empresarios oaxaqueños a que apoyen esta iniciativa, ya que en diversas ocasiones han manifestado su inconformidad por los daños y pérdidas económicas que los afectaron.  Con estas denuncias, agregó Mendoza Flores, se buscará en la Cámara de Diputados que las exigencias que han sido omitidas desde 2006 sean atendidas, que se logre el desafuero del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y que se dé finalmente el seguimiento y la condena a los responsables por violaciones a derechos humanos y garantías individuales. De igual forma, agregaron los líderes partidistas, se buscará el apoyo de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que Ulises Ruiz “no puede irse sin un castigo jurídico”. Esto a pesar de que en la Cámara de Diputados local, a propuesta del legislador Cristóbal Carmona, se pretenda iniciar un juicio político contra Ruiz Ortiz para presuntamente deslindar responsabilidades por los crímenes cometidos contra los oaxaqueños en 2006, situación que no podría prosperar debido a la mayoría que mantiene el gobierno en el Congreso.