De la REDACCIÓN   Oaxaca. México. La Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado donde señala que el poder Legislativo no puede dar más poder al Presidente y al ejército federal.   Apunta el boletín que por una política de Estado de pretender combatir la pobreza y sus respectivas consecuencias por medio de la violencia institucionalizada bajo el insostenible argumento de la lucha contra el narcotráfico el país se desangra profundamente con los más de 22 mil muertos que mediáticamente son presentados como “ajuste de cuentas entre delincuentes”.     [caption id="attachment_51645" align="alignleft" width="300" caption="Restar poder al presidente, demandó el EPR."][/caption] La agresión policíaco-militar contra el pueblo es presentada como “un mal menor” el cual hay que aceptar; las muertes de ciudadanos inocentes son presentadas como “daño colateral”; y las cárceles están llenas fundamentalmente de ciudadanos inocentes que por falta de dinero o no ostentar un apellido de “renombre” no pueden demostrar su inocencia ante el corrupto sistema judicial. Esto habla por sí solo de la incapacidad, la ignorancia y las convicciones autoritarias de quien ocupa los Pinos de manera ilegítima, el cual se ha rebelado junto con el séquito de funcionaros como el mayor peligro para el país.   En el marco de la permanente violencia institucional contra el pueblo el poder Legislativo no puede dar más poder al Presidente y al ejército federal como pretenden las fuerzas reaccionarias del país, ello significaría cheque en blanco para que continúe la impunidad de las diferentes policías del país, pero en especial de la policía federal, el ejército federal y la marina que por orden del ilegítimo se abrogan el derecho de tirar a todo lo “que se mueva”.   Darles más poder significaría legalizar todos los crímenes de Estado que se están cometiendo contra el pueblo, no se olvide que es precisamente el ejército federal y la marina quienes están promoviendo la creación de grupos de paramilitares los cuales actúan de la mano con la delincuencia organizada para asesinar y desaparecer tanto a ciudadanos como a los luchadores sociales.   Ni ajustes de cuentas, ni “levantones sin intención de rescate”, ni “daños colaterales”, ni mucho menos muertes de “civiles” en fuego cruzado, todos son asesinatos premeditados, asesinatos de Estado que se configuran bajo la estrategia de “limpieza social” y el control contrainsurgente de la población por medio del terrorismo de Estado.   La supuesta especialización de los cuerpos policíacos y militares nunca ha sido, ni será la solución para combatir y erradicar la delincuencia social, ésta tiene raíz en la desigualdad económica de una sociedad que sólo procura los intereses de unos cuantos.   Esta solución es fascista como la expresión galvanista de los necesarios “daños colaterales”, concepto establecido por la concepción contrainsurgente norteamericana que trata de minimizar el asesinato premeditado e impune de ciudadanos por las fuerzas castrenses. ¿Cuál guerra?, las fuerzas represivas del gobierno federal no se están enfrentando a un ejército regular, la supuesta superioridad de fuego y logística del crimen organizado no es tal, es un mito y una coartada apuntalada y magnificada por el gobierno federal, la cúpula policíaco-militar y el duopolio de la comunicación Televisa y TV Azteca, que pretenden abonar las ambiciones de imponer una dictadura con una marioneta “civil” al frente de ella.   La lucha debe ser por un cambio estructural, tomando con sensibilidad un compromiso con el pueblo y no como discurso coyuntural para posicionarse políticamente, en las actuales condiciones toda manifestación de inconformidad y protesta desde las diversas formas y trincheras de lucha debe exigir:   * La libertad de todos los presos políticos y de conciencia. * El respeto de la vida de los luchadores sociales y libertad de militancia política. * La información detallada de todos los detenidos desaparecidos del pasado y presente y su presentación con vida. * Cese a la criminalización gubernamental de la pobreza, la lucha y la protesta popular. * El respeto irrestricto a los derechos constitucionales y a los derechos humanos. * Respeto al sindicalismo independiente y la libertad de organización, manifestación y de expresión. * Alto al acoso y hostigamiento policíaco-militar hacia pueblos, comunidades campesinas e indígenas  y organizaciones populares acosadas por defender sus derechos constitucionales. * El castigo a los promotores intelectuales y materiales de la pobreza y hambruna en nuestro país que abarca a más de 70 millones de mexicanos. * Respuesta concreta del Estado mexicano sobre la desaparición de nuestros compañeros, así como del resto de los detenidos desaparecidos del país, ya sea por motivos políticos o sociales. * Castigo a los responsables de los crímenes de Estado que se han estado cometiendo bajo la bandera del combate al narcotráfico. * Libertad a todos los presos inocentes que injustamente se encuentran en las cárceles por presunción de ser delincuentes y por consigna gubernamental. * El rechazo a la reforma laboral que pretende anular derechos sindicales y conquistas sociales.