Agencias   Oaxaca. México. Eurodiputados pidieron hoy al Gobierno mexicano que proteja a una nueva caravana humanitaria que el próximo 7 de junio partirá hacia la localidad indígena de San Juan Copala, en la región sureña de Oaxaca, tras el ataque que sufrió un convoy el pasado abril, en el que murieron dos activistas.   Los fallecidos, el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Alberta Cariño, viajaban junto con otras 38 personas en una caravana de ayuda humanitaria que fue atacada a tiros por desconocidos cuando pretendían acceder a este municipio para llevar alimentos.     [caption id="attachment_57131" align="alignleft" width="300" caption="Los parlamentarios pidieron protección a esta caravana."][/caption] La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Heidi Hautala (Los Verdes), lamentó que la Unión Europea desaprovechara la cumbre que mantuvo hace dos semanas con las autoridades mexicanas en Madrid para tratar con ellas este "dramático suceso".   La finlandesa consideró que las buenas relaciones comerciales y económicas entre ambos es lo que disuadieron a las autoridades europeas de abordar las violaciones de derechos humanos en México, e instó a los Veintisiete a "asumir su responsabilidad con los derechos humanos".   El activista y viudo de Cariño, Omar Esparza, denunció que el grupo que controla San Juan Copala y al que responsabiliza del ataque, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), ha asegurado que no va a permitir el acceso del nuevo convoy a la zona, "lo que es una amenaza".   Reivindicó la obligación del Gobierno mexicano de proteger a la caravana, a la vez que acusó al Estado de ser responsable de la situación de la zona.   Según afirmó, ese país "financia" a grupos paramilitares como el UBISORT mientras que, por culpa de la corrupción, no llegan fondos para programas de carácter social y educativo a la región.   También denunció que el Gobierno mexicano no investiga los crímenes y matanzas que suceden en la región de Oaxaca, donde, afirmó, se han producido 60 asesinatos, 500 encarcelamientos injustos y 2 desapariciones desde 2006 sin que haya sido detenido ningún acusado.   "El Gobierno tiene todos los elementos para detenerlos", afirmó Esparza.   Por ello, pidió el respaldo de la comunidad internacional para presionar a las autoridades de México, e instarle a actuar en favor de la defensa de los derechos humanos en la región.   Varios sectores de Oaxaca, una de las regiones más pobres y con mayor diversidad étnica de México, acusan al gobernador de la región, Ulises Ruiz, y al Ejecutivo nacional de querer eliminar los municipios autónomos como San Juan Copala, en los que las comunidades indígenas eligen a sus autoridades a partir de sus usos y costumbres.   San Juan Copala es el centro ceremonial de los indígenas triquis y uno de los núcleos principales de la disputa que envuelve a varias etnias que se enfrentan por la posesión de tierras o cuestiones religiosas.   Varios grupos protagonizan enfrentamientos en la zona, como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), el Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).