Oaxaca, México.- La Diputación Permanente de la LX Legislatura del Estado reservó para un próximo periodo extraordinario de sesiones la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto de Ley de Creación del Centro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Estado de Oaxaca como una instancia que apoye a los miembros de los pueblos para que puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales.

La propuesta es suscrita por los ciudadanos Tomás López Sarabia, Raúl Rangel González, Edith Matías Juan y Juan Carlos Morales López, quienes resaltan en su exposición de motivos que la población indígena es un grupo vulnerable en su acceso pleno ante la procuración y administración de justicia en todo el territorio estatal y que además piden en otra iniciativa la reforma al artículo 16 Constitucional.

Agregan que esta situación impacta de manera negativa no sólo en los pueblos y comunidades indígenas, sino también en las políticas públicas del gobierno local donde el aspecto es posible de tratar con la creación de dicho centro, cuya intensión sería agrupar a personas indígenas profesionales en la traducción e interpretación de lenguas indígenas y además conocedores de su cultura.

Los abogados consideran que esto beneficiaría tanto al Estado como a la población objetivo, pues daría certeza jurídica al imputado o víctima indígena al presentarse ante una autoridad jurisdiccional y el gobierno estatal como parte de la federación, al garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos, lo que permitirá eficientar el servicio que brinda el sistema judicial e implementar mecanismos de políticas públicas en beneficio de un gran número de personas.

La iniciativa consta que es resultado de los distintos diagnósticos y recomendaciones de diversas instancias, organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, materializado en una iniciativa de ley en materia de interpretación y traducción de lenguas indígenas en el ámbito de procuración y administración de justicia.

Entre la información que maneja la propuesta resalta que en la actualidad en los reclusorios nacionales hay aproximadamente 8 mil 403 personas indígenas. De ellos la Secretaría de Seguridad Pública reportó que en noviembre pasado 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal, aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República señaló que al cierre del año 2009 había mil 7 recluidos por delitos federales, de acuerdo con un portal de cultura y derechos humanos.