Oaxaca, México.- Asesinatos de líderes sociales, secuestro de un diputado local, el caso Copala, el manejo de los recursos públicos, así como la falta de capacitación y los sueldos precarios de los elementos policiacos fueron los temas en los que versaron los cuestionamientos de los diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana de la LXI Legislatura, al secretario de Seguridad Pública (SSP), Javier Rueda Velásquez, quien compareció este martes ante dicha instancia legislativa.

En el marco del VI Informe de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, el encargado de la seguridad  en el estado inició el segundo día de comparecencias acordado por los diputados locales y respondió a cada uno de los cuestionamientos de los legisladores, quienes coincidieron en señalar que la SSP ha sido rebasada por los actos violentos registrados en la entidad y que los oaxaqueños queremos paz y seguridad.

Luego del informe rendido por el funcionario, donde destacó los resultados obtenidos por el modelo policial implementado en la entidad desde el 2008, la ronda de preguntas la inició el diputado del PAN, Joel Isidro López, quien a nombre de su partido se pronunció por mejores condiciones laborales, salarios dignos y beneficios en las prestaciones de los elementos de la policía, pues los bajos sueldos les orillan a caer en actos de corrupción.

Indicó que el informe en materia de seguridad a la vista de los funcionarios es bueno, pero no para el Congreso, pues es lamentable y extremadamente triste para los oaxaqueños el asesinato de líderes sociales y sindicales, las ejecuciones, levantones, robos, asaltos a mano armada, violaciones y agresiones a periodistas. ¿Por qué nunca la policía ofreció auxilio inmediato y no actuó con prontitud, honestidad y efectividad a favor de los oaxaqueños?, preguntó el diputado al aseverar que los oaxaqueños queremos paz y seguridad. También cuestionó sobre el rumor que funcionarios de la SSP venden patrullas.

Durante su exposición, Rueda Velásquez indicó que el modelo policial implementado en Oaxaca desde 2008 es un trabajo fundamental de especialistas, que ha dado resultados pero necesita fortalecerse. Resaltó que bajo el mando único la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) atendió 514 casos relevantes, desarticulado 215 bandas y logrado la detención de 944 personas.

Destacó que la creación de la Unidad Especializada de Atención al Delito de Secuestro permitió resolver 81 privaciones de la libertad y la detención de 196 presuntos responsables, mientras que en el delito de extorsión en 35 casos se detuvo a 52 presuntos responsables y en materia de investigación la AEI llevó a cabo 70 operativos.

De igual manera informó que se ejecutaron mandamientos judiciales y ministeriales para la localización y presentación de 2 mil 280 personas; se ejecutaron 4 mil 635 órdenes de aprehensión, se detuvieron en flagrancia a 2 mil 125 personas, se recuperaron mil 907 vehículos de motor robados  y se detuvieron y presentaron a mil 327 adolescentes. Por otra parte, dijo que se atendieron y resolvieron 6 mil 537 oficios de investigación girados por el Ministerio Público y se dio cumplimiento a 43 mil 932 citatorios y 6 mil 940 comparecencias.

En tribuna, el diputado Alejandro Emmanuel López Jarquín, del PRD, señaló que es alarmante que la violencia delictiva se haya incrementado en Oaxaca, tanto que el Congreso se encuentra consternado por el secuestro del diputado Manuel Benítez Manzanares, del PAN. Mencionó además las agresiones a periodistas y cuestionó sobre las causas por las que existe un subejercicio en materia de seguridad pública.

En la segunda ronda de su participación cuestionó el caso de San Juan Copala, donde 300 habitantes viven en un estado de deserción, rodeados por grupos paramilitares, con violación permanente a sus derechos humanos y el asesinato de algunos de ellos. “Las cifras no nos convencen, señor secretario”, dijo al pedir que se “hablara con la verdad, con cifras reales para establecer políticas en materia de seguridad y dar respuesta a los ciudadanos”.

Por parte del PRI, el diputado Marco Antonio Hernández Cuevas manifestó que existe una falta de atención a los más de 200 conflictos agrarios en la entidad, principalmente por la indiferencia mostrada al respecto por el gobierno federal y que ha motivado un sinnúmero de agresiones.  Destacó el caso de Chalcatongo e Ixcatlán donde la disputa de mil 353 hectáreas ha traído consigo muchas muertes y se ha recrudecido desde el 2008, por lo que preguntó, ¿cuál fue el armamento policial para mantener la seguridad en Ixcatlán y cuántos  elementos resguardan hoy la seguridad en ese lugar?

El diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD, manifestó que para su partido la justicia en Oaxaca está en segundo lugar, pues la realidad es que vivimos en un caos en esta materia, ya que en los últimos meses Oaxaca se ve las páginas rojas constantemente. Señaló los casos de Catarino Torres, Heriberto Pazos y Beatriz López Leyva, así como del presidente electo de Mártires de Tacubaya y el diputado local Manzanares. Es lamentable que el titular de la SSP trate de convencer que Oaxaca vive en paz y que hay seguridad cuando la realidad que se vive en las diferentes regiones es de inseguridad total, aseveró.

También se refirió al subejercicio que persiste en esta dependencia al señalar un caso en la Costa en que no hay recursos para brindar seguridad; en reiteradas ocasiones la policía estatal carece de combustible para hacer su trabajo.