• * La participación de adolescentes en actos de la delincuencia organizada deja en evidencia la fragilidad del Estado Mexicano para proteger a su infancia del tráfico y consumo de drogas.
• * Es urgente concluir con las reformas al Artículo 18 Constitucional y su implementación en todos los Estados de la República, a fin de garantizar la existencia de un sistema especial de justicia para adolescentes.

Oaxaca, México.- Observamos con preocupación las dificultades que el Estado Mexicano enfrenta para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Nos encontramos en un país que cada día ofrece menos oportunidades de desarrollo a niños, niñas y jóvenes, quienes además de ello ahora son testigos y víctimas de una guerra declarada contra el crimen organizado desde el 2006.

En los medios de comunicación y entre algunas autoridades mexicanas se expresa que ante la situación económica y de falta de oportunidades niños, niñas y jóvenes mexicanos se han involucrado con el crimen organizado. Datos oficiales no existen, sólo algunas aproximaciones que llaman la atención a los temas pendientes con este segmento de población.

Desde que iniciara la “guerra contra el crimen organizado” de la presente administración se calculan 29 mil homicidios, de ellos 1,066 aproximadamente son de personas menores de edad. El incremento de la tasa de homicidios en los Estados del norte del país se ha multiplicado por tres de un año a otro, especialmente en el segmento de 15 a 17 años.

En los días previos se reportó la presencia de adolescentes y jóvenes en acciones del crimen organizado. En internet se han filtrado videos grabados por el ejército mexicano y las policías de investigación, como un medio para estimular las voces que vuelven en "víctimarios" y "peligrosos" a quienes en realidad son víctimas de la explotación de grupos delictivos y de la omisión del Estado Mexicano en su responsabilidad de protegerles como prioridad.

Nos referimos específicamente al caso paradigmático del adolescente apodado el "Ponchis" que de forma inapropiada el ejército mexicano señala como "el sicario más joven". Los medios de comunicación nacionales e internacionales inundaron el mundo con la noticia. Es pertinente destacar la distorsión de la información, pues se presentó en algunos medios de comunicación el video y la imagen del adolescente autodefinido como "Cristian" quien refiere trabajar para un adulto de apellido Radilla, junto con el “Ponchis”. Lamentamos profundamente que la seguridad e integridad de este adolescente fuera trastocada al exponerlo públicamente a través de un video, con lo que se viola el derecho que tiene como persona menor de edad de resguardar su identidad, y de quién las autoridades no informan si está detenido y/o si conocen su paradero.

Actualmente las detenciones de niños, niñas y adolescentes por participar en delitos federales se están llevando a cabo desde el vacío legal, es decir, debido a la falta de expedición de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, sin concluir desde el 2005. Es urgente concluir el proceso para tener una la ley federal con una importante reestructuración orgánica, operativa y presupuestal para la creación de agencias del Ministerio Público, juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.

Ante esta situación la Redim exige a las autoridades:

• Que las autoridades mexicanas concluyan la reforma al Art. 18 Constitucional para avanzar en la construcción de un sistema especializado de justicia penal juvenil, diferente en jueces, proceso e instalaciones de los adultos; así como combatir la impunidad de los adultos en estos casos.
• Incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
• Cumplir con el Art. 2.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño CDN que establece: "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares"
• Cumplir con el Artículo 33 de la Convención que establece: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
• · Informar públicamente del número y situación jurídica de niños, niñas y adolescentes víctimas y detenidos desde que se declaro la guerra contra el crimen organizado.

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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