UAM/Investigación   Oaxaca, México.- Trabajadores y especialistas de la cultura participantes en la Reunión sobre Derechos Culturales en México –organizada por el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– coincidieron en calificar como insuficiente elevar al orden constitucional el derecho a la cultura (artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana) y pugnaron por establecer una Ley General de la Cultura.   Luis Ernesto Pi Orozco, en representación del doctor Luis Ortiz Monasterio, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó su compromiso porque este organismo realice su labor de intermediario con el fin de que el derecho a la cultura trascienda en el país.   El funcionario de la CNDH reconoció la importancia de las propuestas de quienes conocen del tema y buscan generar las mejores proposiciones en beneficio de la sociedad. [caption id="attachment_53422" align="aligncenter" width="400" caption="Especialista señalan que no basta tener derecho a la cultura sin urge una ley que lo garantice"][/caption]   Susana Barroso Montero, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señaló que México inició con gran atraso la formulación de una agenda en materia de derechos culturales, la cual inició en muchos países desde 1948 y ha sido desarrollada con mayor empuje en América Latina, tal es el caso colombiano que cuenta con un apartado específico de derechos culturales.     En el país, opinó la funcionaria, todavía no existen directrices ni tampoco voluntad política para avanzar en este camino.   Barroso Montero lamentó que una de las primeras resoluciones al respecto sea incluir el derecho a la cultura en el artículo cuarto de la Constitución, convertido en el depositario de una declaración “de buenas intenciones” sobre diversos derechos de primera (individuales), segunda (sociales) y tercera generación (de solidaridad o de los pueblos, como es el caso de la cultura).   De esta manera, existe un largo camino por recorrer en la promoción de las leyes secundarias y reglamentos para hacer efectivo el derecho a la cultura; “la legislación tiene una marcha más lenta y no empata con lo que la sociedad necesita”, puntualizó.   En este análisis no se ha ponderado, declaró, que muchos bienes culturales que se afecten no podrán recuperarse jamás si no existe una legislación idónea que además de establecer los derechos en la materia, especifique las acciones procesales para garantizar la denuncia de actos contra el acceso y la preservación de la cultura, así como las formas de resarcir el daño cultural.   Una de las propuestas a este respecto, agregó, es que los pagos por daño cultural sean dirigidos a las comunidades generadoras y preservadoras de la cultura y el arte popular.   La magistrada se pronunció por la constitución de un nuevo organismo autónomo con personalidad y patrimonio propio con facultades para investigar estas denuncias y hacer valer los derechos culturales.   Víctor Ugalde, presidente de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, señaló que a 45 años de la promulgación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales es improrrogable que la sociedad mexicana exija su cumplimiento para lograr el desarrollo del cine, la radio y la televisión.   Una de las tantas recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas a partir del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México fue dirigir a estos ámbitos uno por ciento del Producto Interno Bruto nacional, meta que ha sido incumplida.   El cineasta se refirió a la problemática de la industria cinematográfica: disminución del número de largometrajes (18 al año en promedio); reducción de asistentes al cine nacional a 11.3 millones al año que representa 7.92 por ciento, y las prácticas contrarias a la libre competencia y comercio que ejercen las empresas distribuidoras de la National Film Board, las cuales concentran 88 por ciento de los ingresos y los espectadores.   El funcionario advirtió sobre la urgente necesidad de modificar el marco legislativo de la cinematografía, con el objetivo de evitar la presencia dominante de las trasnacionales en este ámbito y los desequilibrios en la repartición de los ingresos en taquilla de la producción y exhibición.   Además de dar seguridad jurídica de las condiciones para permanecer en cartelera; establecer un mecanismo gubernamental con el fin de certificar el lanzamiento y los ingresos de las películas nacionales, así como impulsar su difusión en la televisión pública y privada, entre otros puntos.   El maestro Eduardo Cruz Vázquez, coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco, reconoció la complejidad que entrañan los derechos culturales, tanto en el plano jurídico como en el práctico e  incluso su propia definición.   El también promotor de esta reunión instó a los expertos presentes en el encuentro a trabajar junto con la CNDH para impulsar una agenda que sea recuperada por la Comisión de Cultura en el Poder Legislativo, para lograr “dar cuerpo” a los derechos culturales en el país.