| | Oaxaca de Juárez |
Sábado 18 de enero, 2025.
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En ese sentido, el abogado desestimó una propuesta que ha surgido de crear una Procuraduría de defensa, “lo cual considero que no es acorde al concepto, pues procurar implica actos particulares de impartición de justicia”.
La propuesta de un Instituto, se la atribuye al legado del pensador y jurista poblano, Luis Cabrera, quien fue vital en la estructuración de la primera Ley Agraria y adelantó que llegaría el momento de hacer válido el derecho público subjetivo; “es hoy”.
Recordó que dicho jurisconsulto asesoró a Emilio Portes Gil, siendo procurador y a quien sugirió que la acción legal fuera más allá, que hiciera respetar el derecho ciudadano en cuanto a sus derechos individuales y colectivos, su cultura, la protección del patrimonio intangible, el cual es propiedad de la sociedad y que la debe defender, pues actualmente no hay un órgano institucional que lo haga.
Señala que en la actualidad nuestro estado, en su quehacer legislativo ha prevalecido el interés único-partidista, que está por encima de toda razón y de lo justo, sin importar la aplicación de la ley tratándose de derechos públicos subjetivos, que al actualizarla se torna injusta.
Ello, produce al simple ciudadano una lesión de los derechos individuales, menoscabando cada vez más su acceso de ser oído, escuchado ante la propia autoridad, y lo más lamentable es que el ciudadano quede desprotegido ante esta realidad, sólo por no tener una defensa adecuada que vele su interés público como derecho.
Es clásico ya, que por tradición absurda los expositores solo aprueban por aprobar leyes instruidas por el único-poder (ejecutivo), que lastiman en lo general los derechos subjetivos de los Ciudadanos, que por el sólo hecho de estar investidos de poder, hagan lo que consideran oportunos, claro esta, sin haber hecho una consulta ciudadana (principio de democracia).
La gente, explica, al estar ante un acto desprotegido busca la autodefensa en forma radical, protesta, toma las instituciones ó bien deje de cumplir con las obligaciones fiscales como sinónimo repito de inconformidad, y el camino que le queda dentro del campo del derecho, es acudir a instancias federales como es el Juicio Constitucional de Amparo.
Cada vez más notorio el crecimiento de los amparos en Oaxaca, veamos las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los amparos van contra actos emanados del poder legislativo del Estado de Oaxaca, porqué provocan malestares, es por ello, que se impugna esos actos de autoridad mediante el juicio constitucional, que lamentablemente le cuesta dinero y tiempo al Ciudadano, quien debe contratar los servicios de un profesional del derecho para una defensa que es personal por no permitirse la defensa colectiva, lo que hace dramática la defensa ciudadana.
“Ha llegado el tiempo que exige la creación de una Instituto de Defensa Ciudadana, que vele por los interés del Derechos Públicos de los conciudadanos, representado por un verdadero defensor que sea ungido por el propio Congreso del Estado, mediante un examen riguroso de oposición pública, que propale su conocimiento oralmente en el Alto Tribunal del Estado, que desde luego en presencia de los medios masivos, escritos, visuales ó electrónicos internet, que la gente lo vea, lo palpe y garantice ese derecho de defensa ciudadana, además de los requisitos tradicionales para la formación de carrera se exige.
Desde luego, la creación de este instituto debe retomarse a propuesta de iniciativa de ley del Ejecutivo la Constitución local, y leyes ordinarias, en aras de formar un Código de Conducta Ciudadana Defensiva que aplique ese conocimiento de defensa ley para apelar el reparo de los derechos subjetivos públicos de las personas; con ello, acota el litigante, estaríamos ante una ley revolucionaria.
Reestructurar a la Procuraduría
Figueroa Colmenares, señaló que propondrá que se reestructure la figura del Procurador General de Justicia, lo que implicaría reformas en la constitución local, así como en la Ley orgánica de esa institución.
Indicó que es necesario que se delimiten las dos funciones que tiene, por un lado, ser el representante legal del Ejecutivo y por otro, el de garante de la justicia, por lo que esta doble función ha permitido que la ley se aplique de manera selectiva y discrecionalmente.
La propuesta busca convertir a la Procuraduría en un organismo autónomo del ejecutivo y éste integrar una representación legal que podría recaer en la Secretaría General de Gobierno y un cuerpo de asesores jurídicos.
De esta manera, el Congreso del Estado designaría a un profesional del derecho con la suficiente trayectoria, pero ante todo con capacidad demostrada en examen, pues hasta el momento la designación corresponde al Ejecutivo, lo que se ha traducido en errores, omisiones y deficiencias en la Procuraduría.
Hay que entender, dijo el abogado, que la Procuraduría de Justicia es el patito feo, pues en cualquiera de sus actuaciones queda mal, aún cuando esté al frente una persona con capacidad, por ello la urgencia de su autonomía y eficiencia.
De esta manera se atendería más el trabajo de Ministerio Público que hoy en día tiene muchas carencias operativas ante esa doble función que realiza de juez y parte.Te podría interesar...
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