URO sin responsabilidad en los hechos del 2006: PRI

Comunicado

Oaxaca, México.-El Congreso de Oaxaca dio por concluido el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y determinó que no existen elementos para su continuación al considerar que “no es responsable ni por acciones, ni por omisiones, ni directa ni indirectamente” de los hechos materia de la denuncia, por lo que ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Con 25 votos a favor y 12 en contra, este jueves durante la penúltima sesión ordinaria de la LX Legislatura que el próximo 15 de agosto terminará su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal, se aprobó el dictamen que respecto a estos hechos presentó ante el pleno la Comisión Permanente Instructora, tras una amplia discusión que incluyó la participación de 12 oradores en tribuna.

Al respecto, el presidente de la Gran Comisión, diputado Herminio Cuevas Chávez, señaló que el tema fue analizado de forma responsable por los integrantes de dicha instancia legislativa y cumplió con todos los requisitos, además de que basándose en las pruebas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Instructora resuelve en este sentido no acusatorio y de no responsabilidad. No es un asunto solamente de argumentos políticos, históricos, sino jurídicos, indicó.

Tenemos que actuar en ese sentido, con base en la legalidad y apegados a derecho, los acontecimientos del 2006 fueron por un tema iniciado por el magisterio, porque no teníamos recursos del Estado de más de mil 200 millones de pesos que hacían falta para la rezonificación por vida cara. No fue el gobierno, fueron las organizaciones quienes solicitaron la presencia de las fuerzas públicas, hoy se les olvida la historia, dijo en alusión a la inconformidad que las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PSD, PANAL y PC manifestaron respecto al dictamen.

En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, el legislador indicó que se dará trámite a una nueva solicitud de juicio político presentada por el ciudadano César Mateos Benítez, que ya fue ratificada y en su caso será resuelta.  El Congreso tiene la responsabilidad de actuar conforme a derecho, sostuvo.  

El dictamen señala que en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, se declara que no ha encontrado responsabilidad alguna atribuible al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ni por acción ni por omisión, ni directa, ni indirecta y no ha lugar a proceder en su contra por los hechos en materia de la denuncia que dio origen a este procedimiento de juicio político. Ordena también, el archivo del expediente.

Durante la sesión presidida por el diputado Jorge Guerrero Sánchez, el presidente de la Comisión Permanente Instructora, diputado Etelberto Gómez Fuentes, explicó en tribuna que luego de recibir la denuncia de juicio político presentada por Cristóbal Carmona Morales, en su calidad de ciudadano y que ofreció como única prueba documental pública el dictamen de la Facultad de Investigación 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dictaminó que ameritaba la incoación (inicio) del procedimiento.

Se ordenó así emplazar al Gobernador del Estado,  mismo que rindió en tiempo y forma un informe respecto a la denuncia de juicio político y en consecuencia en el momento procesal oportuno se calificaron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, para finalmente acordarse el cierre de instrucción y dar oportunidad a las partes para que formularan sus alegatos.

El legislador dejó en claro que la Comisión Permanente Instructora ha ceñido su actuación a las disposiciones legales, cuidando en todo momento que se respetaran las normas ordinarias del procedimiento y las particulares o específicas que rigen el Procedimiento de Juicio Político de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

Subrayó que ningún acuerdo o diligencia dictado por la Comisión en el procedimiento carece de debida fundamentación y apego a derecho y derivado del análisis de las imputaciones, las pruebas aportadas, los alegatos formulados y las normas aplicables, no existen elementos que comprueben la responsabilidad del Gobernador del Estado por violaciones al artículo 81 de la Constitución local, derivado de los hechos acontecidos en la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas del 14 de junio del 2006 al 14 de julio del 2007.

Así tampoco por el uso desproporcionado de la fuerza pública y la violación generalizada de las garantías individuales además de que existe constancia en el dictamen de la facultad de investigación 1/2007, que emitió la SCJN, de 14 de octubre de 2009, que el mandatario durante el conflicto del 2006 en todo momento estuvo abierto al diálogo formando incluso mesas de trabajo desde los primeros días de ese año.

En su intervención en tribuna, el diputado Cristóbal Carmona Morales, del PANAL,  quien en su momento interpuso la denuncia de juicio político, puntualizó que esto no es una farsa como de manera engañosa diversos actores políticos lo han querido ver. Asimismo, rechazó el dictamen de la Comisión Instructora.

En el mismo sentido se pronunciaron durante una prolongada serie de intervenciones los diputados de las fracciones parlamentarias del PAN, Dagoberto Carreño Gopar, Alfredo Ahuja Pérez y Perla Woolrich Fernández; del PRD, Jesús Romero López y Wilfredo Fidel Vásquez López, así como del PC, Benjamín Robles Montoya, Gustavo Velásquez Lavariega y Zenén Bravo Castellanos, quienes  refutaron la conclusión del juicio político por considerar que hubo irregularidades en el proceso. 

Los diputados del PRI, Jaime Aranda Castillo y Antonio Amaro Cancino, fijaron por su parte sus posturas a favor. Puntualizaron los aspectos que en su momento determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La sesión fue atestiguada por los integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados  y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO), quienes con pancartas manifestaron su inconformidad por el dictamen aprobado