Normas ambientales del Gobierno, despojan a comunidades de sus recursos

  UAM/Investigaciones Oaxaca, México.- Las políticas ambientales del Gobierno Federal, en particular las de protección de áreas naturales y las de uso restringido de servicios ambientales, se han convertido en instrumentos que conllevan al despojo de tierras propiedad de comunidades indígenas, ponen en riesgo el suministro de alimentos y alientan el abandono del espacio rural.   [caption id="attachment_55074" align="alignleft" width="300" caption="Los recursos naturales de las comunidades indígenas en riesgo por politicas ambientales"][/caption] Esta es la problemática sobre la tierra que enfrentan pobladores de diversas etnias en México, señaló Aldo González Rojas, representante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, durante la conferencia Resistencia indígena frente a las agresiones de los servicios ambientales y áreas naturales protegidas, realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).   El activista social indicó que la política ambientalista de la actual administración busca declarar como áreas naturales protegidas territorio que particularmente está en manos de los pueblos indígenas, la mayoría de las veces sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores, quienes han sido dueños de la tierra por generaciones. Esta resolución impide que los habitantes realicen las prácticas de  cultivo que proveen el sustento de la comunidad.   Por ejemplo, en los bosques de Sierra Mixe y Sierra Juárez de Oaxaca, declarados reserva natural bajo el argumento de ser importantes receptores de dióxido de carbono, se han impuesto los denominados bonos de carbono, medida sugerida por el Banco Mundial que consiste en otorgar un pago anual de 300 pesos por hectárea protegida a los productores, a cambio de suspender la siembra de maíz, frijol y papa, esenciales para la supervivencia de las poblaciones.    En el marco del Ciclo Agua, ríos y pueblos, el doctor Álvaro Salgado Ramírez, del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, señaló que las comunidades sólo reciben 10 por ciento de los bonos de carbono y que el resto se pierde en la “maraña burocrática” o se destina a otros fines.   González Rojas denunció que en la misma zona oaxaqueña se están implantando esquemas de pagos para el uso de los servicios ambientales, que se refieren a la captura de agua, consumo de carbono, el paisaje y el ecoturismo. Empresas como Peñafiel y Coca Cola han realizado ofrecimientos a las comunidades para el uso y usufructo de sus manantiales, situación que de concretarse redundaría en una explotación desmedida de este recurso y a la postre reduciría su disponibilidad para las necesidades propias de los habitantes de la región.   Tanto el interés empresarial por los recursos naturales, como los bonos de carbono que se les paga a ciertas comunidades generan un esquema en el que las poblaciones son “maiceadas” (engañadas) y forzadas a recibir estos recursos. Esta situación favorece el fenómeno de la descampenización en el medio rural mexicano, alertó Aldo González.   El Gobierno Federal por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pretende nombrar a un administrador para clase de zonas, acción que desplazaría a las autoridades tradicionales, municipales y comunales de los pueblos oaxaqueños, es decir, a la estructura de gobierno originaria, alterando con ello el concepto de comunalidad.   González Rojas propuso que los programas del gobierno en materia ambiental otorguen primordial importancia a las comunidades indígenas, de lo contrario se estaría consumando una práctica de despojo contra esas poblaciones.   También debe modificarse la política ambiental conservacionista, pues todo programa que atienda a las comunidades debe respetar la autonomía de los pueblos, porque la experiencia indica que las medidas conservacionistas han expulsado a los pobladores de sus territorios, concluyó el especialista.