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Domingo 17 de noviembre, 2024.
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Carreño Gopar evidenció además una serie de irregularidades cometidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en diciembre de 2009, cuando le correspondió revisar el caso, en relación al uso parcial de recursos públicos por parte del Ejecutivo estatal, así como en fechas recientes cuando le fue remitido nuevamente el expediente.
El diputado Rogelio Sánchez Cruz, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), explicó, fue notificado por la Diputación Permanente con fecha el 12 de abril, pero el día nueve del mismo mes fue notificada la auditora superior del estado.
“A cada uno de nosotros nos consta cómo la Oficialía Mayor, notifica los acuerdos hasta dos semanas después de tomados, pero resulta que el ocho de abril se toma el acuerdo y el nueve de abril ya está notificada la auditora, aunque hasta el 12 de abril le es notificado al presidente de la Comisión de Vigilancia, mediante un informe que es fechado el mismo día nueve.
“No cabe duda que para proteger, hay celeridad”, criticó.
Llama la atención también, dijo, que en ese informe que rinde la auditora manifiesta que emitió ya una resolución a la vista que le ordenó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y que la emitió con fecha 16 de diciembre del 2009.
“Dicha resolución en su punto quinto, ordena la notificación al Congreso del estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la ASE, por lo que el día de la sesión de la Comisión, solicité que me fuera precisada la fecha de tal notificación, así como que se pusiera a la vista el oficio en mención. Cuestión de la cual hasta la fecha no he obtenido respuesta.
“Y menos respondió por que si supuestamente fue notificado, se entiende que no dio cuenta a este Pleno de la misma a pesar de tener derecho de discutir sobre este tema.
“¿Por qué se guardó en el cajón dicha notificación y no se presentó ante el pleno para discutirla? Hasta hoy no tengo respuesta a estas interrogantes”, aclaró.
En consecuencia Carreño Gopar dedujo que no existe tal documento, “y debo entender que esa resolución fue elaborada en fecha posterior, porque esa resolución que dicen fue emitida el 16 de diciembre, resulta que fue notificada al IFE hasta el 16 de marzo; tres meses para notificar una resolución”.
Explicó que en esta resolución hay un cúmulo de argumentos para proteger al gobernador del estado, sobre todo porque el argumento utilizado para decir que no hay responsabilidad del estado es la no retroactividad de la norma constitucional en perjuicio del gobernador.
“Podría compartir este principio, si el gasto que amparaba hubiera dejado de ejecutarse cuando la norma constitucional entró en vigor sin embargo, esta norma constitucional, una vez en vigor, le ordenaba a todas las autoridades no publicitar su imagen.
“Y una vez de que entró en vigor, el gobernador prosiguió con la promoción de su imagen en las Unidades Móviles para el Desarrollo”, atajó.
Por ello, dijo, no es posible aplicar este principio de no retroactividad de una ley que argumentó el presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado priísta Rogelio Sánchez Cruz, por lo que sólo se evidencia el encubrimiento de este delincuente electoral.
Por este motivo, el legislador albiazul, no dudó en condenar la decisión de la mayoría priísta en el Congreso, que una vez más encubre al primer priísta del estado, Ulises Ruiz.
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