Debate en el Congreso por despido de empleados y títulos de funcionarios

  Oaxaca, México.- En sesión ordinaria, diputados de la LXI Legislatura del Estado debatieron en tribuna diversos temas del orden del día relativos al problema de los defraudados de las cajas de ahorro, la acreditación de los títulos profesionales de los nuevos funcionarios públicos del Gobierno del Estado, el aumento al precio de la tortilla, la solicitud de recursos a los ex braceros y el anuncio del despido de trabajadores de confianza en las dependencias estatales, los cuales fueron turnados para su mayor análisis a las comisiones respectivas. Asimismo, el Congreso en pleno aprobó adoptar la Declaratoria Chiapas, que resalta la necesidad de que los parlamentos pongan en acción una estrategia adecuada y suficiente para el apoyo, promoción y satisfacción de las demandas de las minorías de los pueblos indígenas y los acuerdos internos sobre la integración de las comisiones permanentes de reciente creación y que las iniciativas de ley, decretos o acuerdos deben ser presentadas por los legisladores con 24 horas de anticipación a la sesión. Conforme al orden del día, el diputado Luis de Guadalupe presentó al pleno dos propuestas con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, Gabino Cué Monteagudo, primero, a implementar mecanismos para atender y dar solución al problema de miles de ciudadanos por el fraude cometido por cajas de ahorro, a efecto de que en concurrencia con el gobierno federal, mediante el Fideicomiso pago puedan aportarse los recursos necesarios para resarcir en parte el daño económico a los afectados. El segundo, para que todos los funcionarios de su gabinete no se ostenten con los títulos profesionales o académicos que no tienen, so pena de proceder contra ellos legalmente, ya sea por la vía administrativa o jurisdiccional. El primer caso fue turnado a las comisiones permanentes de Hacienda, Presupuesto y Programación y Administración de Justicia, mientras que el último a la de Educación Pública. Ambos temas motivaron un amplio debate entre los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias: por el PRD, en el caso de los fraudes por cajas de ahorro, el diputado Alejandro López Jarquín apoyó la propuesta y pidió que el caso no se politice ni haya actores políticos que abanderen la causa bajo intereses personales. El diputado Flavio Sosa Villavicencio, del PT, destacó que ante la complejidad del tema se requiere de la más alta sensibilidad política, pues no sólo se trata de resarcir el daño sino de castigar a los defraudadores. En el mismo sentido se pronunciaron los diputados Hita Beatriz Ortiz Silva, del PT, y el diputado Everardo Hugo Hernández Guzmán, del PRD. LA LEY EN CUANTO A TITULOS Respecto al asunto de los funcionarios estatales y sus títulos profesionales, el diputado Germán Rojas Walls, a nombre de su partido el PRI, apoyó este exhorto al considerar vital respetar la ley y señaló  que su fracción no tolerará más dispensas porque es faltar a la obligatoriedad y a la ley; por el contrario, la fracción del PRD, a través del diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, no respaldó la propuesta, al decir que el mandatario estatal no es culpable y que el exhorto debería hacerse a los funcionarios. La diputada Margarita García García, del PC, dijo que no hay que exhortar sino apegarse a la ley. Pidió congruencia a sus homólogos; el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Mendoza Reyes, puntualizó que el punto de acuerdo es conforme a la ley; el diputado Sosa Villavicencio pidió elevar el nivel del debate y señaló que el diputado que crea que se violó la ley acuda al Ministerio Público para poner su denuncia, como un derecho ciudadano, y el diputado Carlos Hampshire Franco, del PUP, exigió que se trabaje en legislar a favor de los oaxaqueños en vez de enfrascarse en discusiones. Otro asunto que causó gran polémica en el recinto parlamentario fue la propuesta de exhortar al gobernador, Gabino Cué, para que no despida en forma masiva e injustificada a los servidores públicos del Gobierno del Estado, adscritos al Poder Ejecutivo del Estado, propuesto por la fracción parlamentaria del PRI, por medio del diputado Francisco García López. Al respecto, los oradores de las diferentes bancadas y partidos políticos se pronunciaron después de un amplio debate por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y que se proceda conforme a la ley al concluir los contratos confianza y contratos contratos y que, de decidirse no reanudarlos, se revisen antes los perfiles de cada uno de los trabajadores. En tribuna hablaron al respecto los diputados Ortiz Silva y Sosa Villavicencio, del PT; Elías Cortés López, del PRI; García García, del PC; Mendoza Reyes, del PAN; Basaldú Gutiérrez, del PRD, y Alejandro López Jarquín.  El pleno turnó a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación la propuesta presentada por el diputado Maximino Vargas Betanzos, del PRI, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios para que se considere en el Presupuesto de Egresos del Estado  2011 una partida de 20 millones de pesos destinada exclusivamente para los primeros mil ex trabajadores migratorios de la entidad, de los 5 mil que se tienen censados hasta hoy en Oaxaca. A su vez, se envió a las comisiones permanentes unidas de Fomento Industrial, Comercial y Artesanal y Agropecuaria, Forestal y Minera, el exhorto presentado por los diputados perredistas Pavel López Gómez y Aleida Serrano Rosado al titular del Poder Ejecutivo, Cué Monteagudo, para que a la brevedad posible formule y cree un fideicomiso promotor y regulador de la cadena maíz-tortilla, en donde además proponen que la LXI Legislatura se pronuncie en contra del alza al precio de la tortilla. Antes de aprobar el dictamen por el cual se adopta para Oaxaca la Declaratoria Chiapas referente a los pueblos indígenas, el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, Héctor Lorenzo Inocente, del PAN, indicó que en esta declaración hay un canto a la esperanza, compromiso y responsabilidad de la LXI Legislatura por un nuevo Oaxaca, con una sociedad incluyente. Entre las metas y estrategias mencionó hacer efectivo el derecho de las minorías, poner fin a la discriminación,  la observancia de los derechos de este sector de la población, foros parlamentarios y asignación de recursos.