Oaxaca. México. La Sección XXII demandó al gobernador Gabino Cue Monteagudo que apele ante el gobierno federal para alcanzar el indulto de ocho indígenas Loxichas detenidos.
Señalan que hace ya 14 años que el amasiato de los gobiernos priistas de Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, acusaron a nuestros hermanos indígenas de la región Loxicha de pertenecer al EPR.; acusados de Sedición y Rebelión, entre otros delitos.
Hace unos meses, recuerdan, que la sección 22 retoma el caso en la vía Jurídica para el camarada Alvaro Ramirez interpusiera el recurso de amparo con su abogado y colectivo denominado "La otra campaña", para el resto se pidió el indulto a la Presidencia de la Republica quien lo tiene en sus manos y de negarse estaríamos en condiciones para amparar a todos como antesala a que el caso lo revise la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Por lo anterior exigieron de manera enérgica, que el gobierno entrante de Gabino Cue, quien ha pregonado un verdadero cambio, y que ha externado, dar por terminado el cacicazgo de más de 80 años del priismo en Oaxaca, retome este asunto que agravia a todos los Oaxaqueños.
“Gabino Cue debe solicitar ante el gobierno Federal de FECAL el indulto y terminar de una vez con la injusticia cometida a nuestros hermanos Loxichas, pedimos Enérgicamente al Gobierno entrante reivindique el caso de Loxicha, la Sección 22, estará atenta jurídica y políticamente hasta lograr la libertad de nuestro presos políticos de la región Loxicha”, dijeron.
Estos indígenas fueron puestos en prisión y liberados de manera progresiva, pero aún quedan ocho compañeros: siete de los cuales se encuentra en el penal de Ixcotel.
Los detenidos son en Ixcotel son Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, Abraham García Ramírez, Fortino Enrique Hernández, Mario Ambrosio Martínez, Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José y uno más en el penal de Etla, Zacarías Pascual García López.
Aclaran que tres de los ocho que mencionamos, aún pueden irse al amparo directo y cinco ya están condenados entre 26 y 36 años de prisión.