Oaxaca, México.- Ante los graves acontecimientos ocurridos el martes 27 de abril, cuando hombres armados, al parecer vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) balearon la Caravana de Observadores Internacionales de Derechos Humanos que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui de la mixteca oaxaqueña, con saldo preliminar de dos personas fallecidas y un número indeterminado de heridos y desaparecidos, entre ellos dos reporteros de la revista Contralínea, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso manifiesta lo siguiente:
-Rechazamos enérgicamente el uso de la violencia en todas sus manifestaciones para dirimir los desacuerdos entre ciudadanos y entre organizaciones porque jamás será el camino para hallar una solución duradera a los conflictos intercomunitarios y políticos en dicha zona.
-Condenamos la falta de previsión del gobierno del estado de Oaxaca para brindar a estos ciudadanos, mexicanos y extranjeros, integrantes de la caravana y grupos de apoyo que viajaban con ellos, las facilidades logísticas y de seguridad física para facilitar esta labor humanitaria sin menoscabo de su integridad.
-Lamentamos el crimen, producto de esta emboscada, de Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador internacional de origen finlandés, Tyri Antero Jaakkola, así como agresiones que pudieron haber sufrido otros activistas, entre ellos miembros de la sección 22 del magisterio quienes el día de los hechos intentaban arribar a la población de San Juan Copala.
-Nos preocupa la suerte que estén corriendo los periodistas Erika Ramírez y David Cilia, enviados de la revista Contralínea, y demás comunicadores de medios locales y nacionales que cubrían la caravana.
-El hecho de que en la zona cercana al municipio de San Juan Copala no exista presencia policiaca habla del grado de vulnerabilidad en que viven sus habitantes y visitantes, quienes son presa fácil de grupos beligerantes que como es el caso cometieron el ataque.
-Exigimos a las instituciones estatales y federales que correspondan, el rescate de las personas heridas que pudieran existir, así como de quienes se reportan como desaparecidos. Y que la Procuraduría General de Justicia realice con prontitud las investigaciones para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables.
-Y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado una efectiva intervención para asegurar la paz entre los grupos enfrentados y se restablezca el Estado de Derecho en la zona, así como a las autoridades federales para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de este municipio.
Sería muy grave que intereses políticos estén detrás de esta agresión porque el actual proceso electoral requiere de condiciones de tranquilidad y estabilidad para que en todo el estado haya condiciones de normalidad democrática para emitir el voto el próximo 4 de julio.
Responsable de la publicación, Benjamín Robles Montoya, por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso.
Atentamente
Oaxaca de Juárez, a 28 de abril de 2010
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