En Teotlaxco, siguen encarcelando a evangélicos, denuncian

Oscar MOHA/VOZ DE LOS MÁRTIRES   Oaxaca. México. Por instrucciones del agente municipal, Fortino Pérez Hernández y del secretario, Maximino Manzano Martínez, quienes no profesen la religión católica en esa comunidad siguen siendo encarcelados.   En esta ocasión tocó el turno al indígena zapoteco, Eleuterio Felipe Jerónimo por el “delito” de profesar una religión distinta a la católica, quien finalmente fue expulsado.     [caption id="attachment_67444" align="alignleft" width="300" caption="Expulsan a dos miembros de la Iglesia de Jesucristo y de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas, en Teotlaxco."][/caption] Felipe Jerónimo fue liberado después de 37 horas de haber sido privado de su libertad en Teotlaxco, después de ser sacado de su reunión religiosa, y luego canalizado a este municipio sin que se definiera el delito cometido, aunque fue tratado como un delincuente sin que se le diera alimento o agua, ni la oportunidad de sacar alguna ropa o pertenencias.   Ante tales hechos, miembros de la Iglesia de Jesucristo y de La Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas establecidas en esa agencia municipal denuncian las actitudes de las autoridades auxiliares incluyendo al secretario municipal, Maximino Manzano Martínez, quien presume de tener nexos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y principal incitador del acoso contra los evangélicos.   Los protestantes mencionaron además el caso de Jaime Hernández Martínez, quien pudo escapar de ser encarcelado pero no así de ser expulsado, pues también fue consignado a no regresar a su pueblo dejando a su familia y sus bienes. En su caso, topiles (policías) de la comunidad irrumpieron el pasado lunes en su domicilio para tratar de apresarlo.   La comunidad evangélica de Teotlaxco (unas 60 personas), cansada de esta situación que sólo laceran la convivencia de los habitantes del lugar y crean enconos sin sentido, piden que las autoridades competentes incluyendo el Ministerio Público actúen con una solución apegada a derecho para evitar hechos de sangre, pues existen amenazas de la autoridad auxiliar de que continúe la expulsión de las familias evangélicas y temen que esto pueda provocar enfrentamientos.   Agregan que incluso las autoridades de la agencia han condicionado apoyos de Procampo y amenazado con multas de 200 pesos a los habitantes del lugar que no firmen el acuerdo de expulsión.   Al mismo tiempo, el presidente municipal de Ixtlán de Juárez, José Eduardo Pérez Sánchez, ha permitido estos hechos, al igual que en la comunidad de La Palma, donde se han registrado casos de intolerancia religiosa que derivaron en la expulsión de varias familias, sin que haya cumplido con su función de administrar la justicia.   A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría General de Gobierno, reconocen que las autoridades están violando las garantías de los evangélicos,  los trámites siguen detenidos, toda vez que las amenazas de despojo se han cumplido por parte de las autoridades de Teotlaxco.   Cabe destacar que conforme a derecho han interpuesto una demanda ante el Ministerio Público de este municipio con número de averiguación previa 101/2010 por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y despojo, y en el caso de Jaime Hernández de allanamiento de morada, las cuales esperan siga su curso legal.   Estamos en pleno siglo XXI y casos como éstos resultan inauditos, más cuando hablamos de la tierra del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, cuya máxima fue “El respeto al derecho ajeno, es la paz”, algo que evidentemente no puede hacerse respetar en su propia tierra.   Los Hechos La aprensión de Felipe Jerónimo fue el día domingo 1 de agosto, alrededor de las 21:00 horas, por órdenes del agente municipal, Fortino Pérez Hernández, aparentemente por no cumplir  con el cargo de Comité de Obras de acuerdo con los usos y costumbres por el que se rigen la mayor parte de las comunidades indígenas de Oaxaca.   El afectado comentó en entrevista posterior a su liberación que este cargo ya lo había desempeñado y precisamente conforme a ley del pueblo no puede ejercerlo nuevamente por lo que coincidió, junto con sus paisanos, que el fondo del caso es el hostigamiento por el hecho de no profesar el catolicismo y no servir en una iglesia cuyos principios no son los mismos en los que ellos creen.   Tanto él como Jaime están por cumplir los distintos rangos de servicio y es necesario señalar que cada servicio es de un año en el que ellos no devengan un sueldo ni pueden trabajar sus tierras pues su cargo es de tiempo completo.   Felipe deja en el pueblo a cuatro de cinco hijos: Elsa, de 22 años; Naday, de 18; Elda, de 15, y Arath, de 11 años; mientras que Jaime a cuatro hijas de 10, 7, 5 y 3 años: Sonia, Priscila, Danica y Esmeralda.